MÉTODO
La investigación fue descriptiva y abordada con el enfoque cualitativo. Fue descriptiva porque tuvo el propósito de especificar las propiedades y características de la legislación, los procesos judiciales, temas doctrinarios y todo lo relacionado a la justicia intercultural dirigida a los adolescentes indígenas infractores de la ley penal, los cuales fueron sometidos a un análisis desde la hermenéutica y la argumentación jurídica. Asimismo, fue cualitativa por haber realizado un análisis dogmático, teórico-jurídico mediante la inmersión en los detalles y datos específicos para establecer categorías e interrelaciones (Hopman, 2021).
La investigación se sustentó además, en el paradigma del reconocimiento y aceptación positiva de la diversidad cultural y, por ende, del pluralismo jurídico y el desarrollo de la justicia intercultural. En dicha perspectiva, el enfoque de justicia intercultural en el Perú y su relación con el adolescente infractor fue sometida a un examen reflexivo y crítico desde la perspectiva del investigador. Asimismo, la indagación y análisis se hizo a profundidad desde la perspectiva étnica.
Metodológicamente, se hizo una revisión sistemática de la data (scoping review) seguida de una reflexión analítica teórico-práctica. La búsqueda de la información académico-científica se realizó a través del dispositivo MyLOFT en las bases de datos de Scopus, sciELO y Redalyc, usando las palabras claves “adolescente infractor”, “justicia intercultural”, “ley penal”. Se seleccionaron alrededor de 40 revistas de investigación jurídica, de las cuales mencionamos 16 en este artículo, debido a su relación con el pluralismo jurídico y el acceso a la justicia intercultural en contextos con diversidad cultural. Así, la organización y análisis de la información permitió la construcción de significados teórico-jurídicos referentes a la justicia intercultural y el adolescente infractor.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La revisión sistemática de la literatura permite dar cuenta sobre la existencia de dos posturas controvertidas acerca de la justicia intercultural: minimalista y maximalista (Hans, 2017). Por un lado, para los minimalistas juristas incorporar algunos aspectos básicos de la justicia intercultural en la normatividad es suficiente. Por otro lado, los maximalistas reclaman la instauración de la justicia intercultural en toda su magnitud, con políticas públicas concretas y efectivas en todos los contextos geopolíticos con diversidad.
El acceso a la justicia es fundamental para la efectivización de los derechos y con mayor razón para las personas vulnerables por su condición étnica y cultural y minoría de edad. Este acceso, no solo debe ser formal, sino que debe fortalecerse mediante aseguramiento de condiciones para satisfacer los derechos en juego, teniendo como herramienta principal el test de proporcionalidad mediante el activismo judicial (Laise, 2020). El acceso a la justicia se dimensiona en el preproceso, en el cual se garantiza el conocimiento de los mecanismos que garanticen este derecho, y en el proceso la sistematización sustancial para obtener una respuesta adecuada a los intereses en conflicto.
Barahona y Añazco (2020) señalan que se le reconoce a la persona como sujeto de derecho intercultural por su autonomía y autoprotección para mantenerse incólume en sintonía con la naturaleza, con su cultura y su espíritu frente a lo occidental. Por su parte, Velasco (2020) sostiene que, la tutela especial al niño incluye “niños y adolescentes” como sujetos especiales de protección que, en la esfera de la responsabilidad penal especial, asume un esquema normativo, no solamente nacional, sino bajo instrumentos internacionales. Así, los adolescentes en conflicto con la ley penal tienen una protección especial como sujetos vulnerables, pero esta situación se agrava cuando el adolescente no logra acceder a la justicia intercultural porque es doblemente vulnerado por su edad y su cultura o etnia.
En este marco, los principales hallazgos de esta investigación se presentan en apartados diferentes. Primero se esboza el estado de la cuestión sobre justicia intercultural en la literatura sociojurídica y luego se presenta la justicia intercultural en la normatividad peruana. Allí se hace un análisis general y sintético de los aspectos jurídicos tomados y no tomados en cuenta dentro de los textos normativos, referentes a los adolescentes infractores de la ley penal, los cuales son analizados y discutidos a la luz de los aportes de la antropología y la sociología jurídicas.
Justicia intercultural en la literatura sociojurídica
Figura 1. La justicia intercultural en la literatura sociojurídica.
Elaboración: Los autores.
Según la figura 1, la justicia intercultural en el Perú, antes que una realidad, es aún una aspiración sociojurídica. A pesar de su reconocimiento e incorporación parcial en los textos jurídicos, se sigue considerando como un derecho complementario y accesorio al derecho ordinario estatal. Según Cruz (2021) la justicia intercultural aún no se materializa porque las sociedades hegemónicas y el Estado todavía no han entendido su real importancia, pues la reforma de la justicia engloba las reformas de las estructuras socioeconómicas. Por ello, las políticas de justicia intercultural registran muchos vacíos y se constituyen en un gran reto que requiere esfuerzo intencional y práctica, así como del uso adecuado de los estilos de comunicación para su difusión y materialización (Iseminger et al., 2020). Entonces, la justicia intercultural aún es declarativa porque no se efectiviza en la praxis sociojurídica (Chinchay et al., 2024). Esta necesita de programas políticos y reformas profundas para garantizar su materialización.
El conflicto a nivel personal o social se constituye como un hecho usual e ineludible a las relaciones sociales cotidianas. Esta realidad exige formas de actuar con sinergia y maneras creativas de comunicación con base en el diálogo intercultural y democrático, y en el espíritu de cooperación mutuo. Para ello, la mediación intercultural a nivel familiar, vecinal y comunal se convierte como una de las alternativas para administrar justicia por medio del diálogo y el acuerdo mutuo entre diferentes poblaciones indígenas que están implicados en la controversia o el conflicto.
El conflicto jurídico, desde una perspectiva intercultural, merece un tratamiento diferenciado e integral. La alternativa es la apertura a diferentes formas de gestionar, negociar y resolver conflictos en el derecho indígena de manera paralela o complementaria a la justicia estatal. Por lo tanto, es importante la apertura a la justicia intercultural para la atención de sectores vulnerables o desfavorecidos por los modelos de administración del Estado, en especial, de la justicia, a fin de poder entablar diversos mecanismos de negociación y resolución de conflictos con equidad.
La interculturalidad en los procesos judiciales es una propuesta aún en desarrollo. Se ha iniciado con algunas acciones para mejorar la administración de justicia en poblaciones indígenas hablantes de lenguas originarias. A partir de 2016, la Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena (ONAJUP) del Poder Judicial empezó con un programa de capacitación de intérpretes y traductores de lenguas originarias. En 2019, el Poder Judicial impulsó la creación del Registro Especial Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas del Poder Judicial (RENIT). A pesar de estas acciones de entrenamiento linguístico-jurídico de traductores e intérpretes, así como ciertos avances en la normatividad y planificación, su implementación ha sido aún insuficiente. Por ejemplo, en muchas sedes judiciales, la cantidad de traductores e intérpretes no son suficientes.
Asimismo, los jueces, fiscales y funcionarios del Poder Judicial, el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia no se capacitan en el manejo de lenguas originarias, tampoco se involucran en las políticas de interculturalidad y lenguas en la administración de justicia. No basta solo formar traductores e intérpretes, sino capacitar a los magistrados y operadores judiciales (Chinchay et al., 2024). Así la transversalización de la interculturalidad y los idiomas originarios para desarrollar la calidad de los servicios de justicia se convierte en una exigencia impostergable en los tiempos actuales. En consecuencia, para brindar un servicio de justicia idóneo también es importante diversificar los perfiles de los magistrados (fiscales y jueces) y funcionarios, según las plazas laborales, de acuerdo con los criterios geográficos, culturales y lingüísticos. Pues, el enfoque intercultural ayuda al análisis interdisciplinario y a un desempeño profesional más pertinente de los profesionales del derecho. Por lo tanto, en una realidad como la peruana, marcada por la diversidad cultural, étnica y lingüística, es una necesidad interculturalizar la administración de justicia.
Justicia intercultural en la normatividad peruana
De acuerdo con la figura 2, algunos elementos, basados en la justicia intercultural y relacionados con los adolescentes infractores de la ley penal, se han ido incorporando en la normatividad nacional vigente. Los adolescentes comprendidos entre catorce (14) y menos de dieciocho (18) años que se ven involucrados en problemas por la comisión de delitos, son calificados adolescentes infractores de ley penal. El Estado peruano está obligado a implementar diferentes mecanismos y estrategias de administración de justicia en los pueblos indígenas (jurisdicción especial), reconociendo, aceptando y respetando los métodos y procedimientos que utilizan para tratar los delitos realizados por sus integrantes.
Figura 2. La justicia intercultural en la normatividad peruana.
Elaboración: Los autores.
El tratamiento de los derechos indígenas mayormente se da desde la antropología o sociología jurídicas y lo que se requiere para su fortalecimiento es el tratamiento desde la perspectiva propiamente jurídica. El derecho a la igualdad no es una igualdad matemática, tampoco implica igualitarismo, sino hacer diferencias donde realmente se justifiquen. Según Cruz (2021), para el logro de la concepción y práctica de una justicia intercultural que realmente sea legítima, efectiva y eficaz, se hace necesario un abordaje integral de las diferentes variables de la justicia intercultural, estableciendo políticas y normativas aplicables, incorporando las necesidades jurídicas insatisfechas y contando con operadores judiciales idóneos.
Las justicias propias o indígenas aún no han sido aprovechadas para disminuir la carga procesal en los despachos judiciales. Descentralizar la administración de justicia centralista, tampoco podría posibilitar la participación efectiva de la ciudadanía en la solución de sus propios problemas y conflictos. Esto significa que en el Perú aún se necesita abordar, de manera más integral, las justicias propias y transformar la administración de justicia, fundada en prácticas alternativas o paralelas de las diferentes formas de administración de justicia. La aplicación y consolidación de esta propuesta realmente originaría implica una real transformación de la vida en sociedad, con paz y justicia social, donde se viabilice la aceptación positiva de la otredad en términos de equidad, democracia e interculturalidad.
Finalmente, la norma sobre la justicia juvenil es una especie de extensión de la justicia de los adultos, donde se proclama la especialización y la diferenciación por la minoría de edad en la búsqueda de la reinserción social. Es importante establecer las diferencias, un ilícito penal cometido por un adolescente puede ser calificado como grave desde la comprensión de la justicia de adultos, pero desde la mirada y mentalidad de los adolescentes, ese mismo hecho puede ser calificado como un hecho ilícito de menor reproche. De este modo, para la calificación del ilícito es necesario tomar en cuenta la mirada y la cultura de los adolescentes, aun cuando la norma sigue desarrollando procesualmente la justicia penal de los adolescentes como si fuese la justicia penal de los adultos.
Justicia intercultural en la jurisprudencia peruana
Según la figura 3, el tratamiento penal de adolescentes en Perú constituye un tema sensible en el Derecho Penal y las políticas criminales. En la última década, se ha registrado un incremento en la participación de jóvenes en delitos. Los centros de diagnóstico, el 2021 atendieron 1 633 adolescentes con internamiento, en donde resalta Lima con 527 adolescentes, mientras que en Huancayo con 160, en Chiclayo 156, en Trujillo con 153, Pucallpa 146, Cusco 121, Arequipa 114, entre otros. Con relación a infractores de los pueblos originarios, fueron tres los casos que llegaron hasta instancias del Tribunal Constitucional.
Figura 3. La justicia intercultural en la jurisprudencia peruana.
Elaboración: Los autores.
Ante estos u otros casos, se sugiere lo siguiente:
(1) En sintonía con el Tribunal Constitucional Peruano, en el caso de un procesado penalmente que hable shipibo, se necesita de la designación de traductor para hacerle comprender la magnitud del proceso.
(2) Si el procesado es analfabeto, habla el idioma quechua y entiende poco el español, debe asignársele un intérprete y cuidar que el abogado defensor haga entender el proceso a su patrocinada.
(3) Se sugiere cuidar la diversidad lingüística y cultural en el caso del idioma quechua, pues resulta discriminatorio exigir a un quechuahablante que entienda documentos administrativos redactados en español.
En los tres casos, el aspecto lingüístico es un elemento esencial que se vulnera y el Tribunal Constitucional debe resolver, ordenando a las dependencias correspondientes la adecuada atención a los afectados, mediante un traductor o intérprete para hablantes del shipibo y del quechua.
En definitiva, la senda jurisprudencial que observa el tribunal constitucional se encuentra entre el minimalismo de instaurar intérpretes y atisbos del maximalismo mediante la exigencia por parte de las autoridades judiciales y administrativas hacia promover un trato no discriminatorio y diferenciado. Esto implica que la puesta en práctica de la justicia intercultural en la administración de justicia referente a los adolescentes infractores en el Perú es aún parcial y muy elemental donde no hay correspondencia entre la normatividad y la praxis jurídica.
CONCLUSIONES
El Perú es un país heterogéneo social, cultural y lingüístico; sin embargo, jurídicamente aún no se responde a esta realidad plural. La incorporación de algunos elementos de la interculturalidad en la Constitución y el Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes es básica, accesoria y supletoria. Por consiguiente, la justicia intercultural en el Perú se ve forzada y subordinada a los principios de la justicia estatal ordinaria que se encuentra bajo el modelo neoliberal actual, que pierde vigencia frente al incremento de las brechas sociales y culturales de la variedad cultural del país.
El Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes del Perú acoge los principios de legalidad, no discriminación, igualdad y equidad con relación a los adolescentes infractores de los pueblos indígenas, pero no desarrolla íntegramente los principios de actuación de los operadores judiciales para fortalecer sus actuaciones maximizadas en la interculturalidad. Esto implica que el perfil de formación de los operadores judiciales, fiscales y de defensa pública y privada requiere ser revisado, mejorado y actualizado de acuerdo a la fisonomía sociocultural y lingüística diversa del Perú.
De esta manera, el acceso a la justicia intercultural no se verá limitado en solo asignar intérpretes o garantizar libre expresión en el idioma de origen, sino obedecer básicamente a cuestiones culturales para un entendimiento cabal de las situaciones de hecho. Esto implica que el perfil de los administradores de justicia requiere ser innovado según la lectura de la situación sociocultural y lingüística del país, procurando avanzar a una justicia intercultural maximizada donde se pueda involucrar a la comunidad de origen para mediar y ayudar al adolescente a reinsertarse con sus pares de origen, en aras del cumplimiento de la función de control social del derecho.
FINANCIAMIENTO
No monetario.
AGRADECIMIENTOS
Gracias a todos los colaboradores que hicieron posible la ejecución del presente estudio.
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