INTRODUCCIÓN

El presente puesto trata de un tema de actualidad, mismo que ha venido evolucionando no solo en Ecuador, sino en un marco de comparación internacional también. Por ejemplo, En el Reino Unido, se establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas por no prevenir la facilitación de la evasión fiscal, incluso sin necesidad de demostrar intención dolosa, lo que configura una forma de responsabilidad objetiva (UK Government, 2020). Sin embargo, a pesar de su entrada en vigor hace más de cinco años, la autoridad fiscal (HMRC) no ha presentado procesos exitosos bajo esta legislación, generando críticas sobre su aplicabilidad real.

España, por su parte, introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas en 2010 mediante la Ley Orgánica 5/2010, y la reforzó en 2015 con la Ley Orgánica 1/2015. Esta normativa contempla la responsabilidad de las empresas por delitos como la defraudación tributaria, siempre que no se hayan implementado modelos adecuados de prevención o compliance (Ministerio de Justicia, 2021).

En Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal (Asamblea Nacional del Ecuador,2014) introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas, específicamente en su artículo 49. La normativa fue reformada en 2022 para incorporar como atenuante, y, en ciertos casos como eximente, la existencia de programas de cumplimiento normativo o modelos de prevención del delito (Asamblea Nacional del Ecuador, 2014). A diferencia de modelos europeos, el sistema ecuatoriano aún se encuentra en consolidación, con limitada aplicación práctica en materia de delitos tributarios (Uniteco Ecuador, 2025).

La responsabilidad penal de las sociedades mercantiles en Ecuador ha adquirido relevancia tras la incorporación de la persona jurídica como sujeto de responsabilidad penal en el Código Orgánico Integral Penal (Asamblea Nacional del Ecuador, 2014). Según Uniteco (2025), las personas jurídicas “sí tienen responsabilidad penal” y pueden ser sancionadas independientemente de las personas naturales que las integran (p. s.f.). En concordancia, el COIP establece en su artículo 49 criterios para atribuir responsabilidad penal a las empresas por delitos cometidos en beneficio propio o de sus asociados.

En particular, los delitos tributarios, como la defraudación, implican un uso fraudulento de mecanismos contables o administrativos, y la presencia del dolo es indispensable para su configuración. Al respecto se destaca que el engaño utilizado en la defraudación tributaria “requiere un elemento subjetivo” y que la conducta se configura cuando hay voluntad explícita de evadir el pago de tributos. Ese elemento subjetivo marca la línea divisoria entre una infracción administrativa y un delito penal.

Además, el debido proceso y la presunción de inocencia son garantías constitucionales esenciales en estos procedimientos, tal como se consagra en los artículos 76 y 77 de la Constitución de 2008 (Asamblea Nacional Constituyente, 2008; Corte Nacional de Justicia, 2020) y se ha reiterado en jurisprudencia penal (Corte Constitucional, Sentencia No. 14‑19‑CN/20, 2020). La carga de la prueba recae en la Fiscalía, y la persona jurídica conserva el derecho a ser escuchada y a defenderse eficazmente, sin ser juzgada dos veces por el mismo hecho ni ser sancionada arbitrariamente (Corte Constitucional del Ecuador, 2020).

Por tanto, este estudio examina las garantías penales que deben respetarse en los procesos judiciales contra sociedades mercantiles por delitos tributarios en Ecuador. Se valoran las implicaciones derivadas de la responsabilidad penal y administrativa de las personas jurídicas, así como la necesidad de reforzar el marco jurídico para evitar arbitrariedades y garantizar un proceso equitativo en beneficio del Estado de derecho.

MÉTODO

Este estudio adopta un enfoque mixto, integrando elementos cualitativos y cuantitativos con el fin de proporcionar una visión integral del fenómeno jurídico. El enfoque cualitativo permite analizar el contenido normativo, doctrinario y jurisprudencial en torno a la responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos tributarios, mientras que el enfoque cuantitativo posibilita conocer la percepción de juristas y profesionales del derecho sobre la aplicación práctica de estas garantías procesales.

El enfoque descriptivo permite caracterizar el marco normativo penal-tributario y los mecanismos de atribución de responsabilidad a las sociedades mercantiles. El componente explicativo busca identificar los factores que limitan la aplicación de garantías como la presunción de inocencia, el debido proceso o la legalidad penal. Finalmente, el enfoque propositivo orienta la formulación de recomendaciones para mejorar la eficacia procesal sin vulnerar derechos fundamentales. Se aplico un diseño no experimental de tipo transversal, ya que se estudia el estado actual del sistema jurídico sin intervenir en los hechos ni manipular variables. Este diseño permite evaluar, en un momento determinado, el grado de respeto a las garantías penales en los procesos judiciales contra personas jurídicas por delitos tributarios.

RESULTADOS

Los resultados reflejaron que el 65% de los encuestados está en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con que se respete esta garantía en los juicios contra sociedades mercantiles. Esto evidencia una preocupación por posibles prejuzgamientos y sanciones anticipadas, lo que atenta contra un principio fundamental del derecho penal.

Seguidamente el 64% de los encuestados considera que el debido proceso no se aplica de forma efectiva. Esta percepción puede deberse a la falta de claridad normativa, a la aplicación desigual de las normas o a procesos que no garantizan plenamente el derecho a la defensa. Por otra parte, solo un 16% piensa que las sociedades mercantiles comprenden adecuadamente sus riesgos penales. Esto demuestra la necesidad urgente de mecanismos de capacitación, asesoría legal preventiva y cultura de cumplimiento normativo en el sector empresarial.

En ese mismo orden de ideas, el 69% de los consultados considera que las garantías no se aplican de manera equitativa entre personas naturales y jurídicas. Esto sugiere una brecha institucional en el trato procesal que afecta a las empresas, especialmente cuando se trata de procesos penales tributarios.

Ahora bien, un 67% está de acuerdo o totalmente de acuerdo en que la legislación actual debe ser reformada. Esta opinión fortalece la propuesta del estudio de recomendar ajustes legales que garanticen mayor claridad, proporcionalidad y seguridad jurídica en la responsabilidad penal empresarial. Y finalmente el 77% de los encuestados apoya la obligatoriedad de programas de cumplimiento normativo. Esto refleja una conciencia general sobre la importancia de prevenir delitos desde la estructura interna de las organizaciones.

DISCUSIÓN

Los resultados de la encuesta muestran que más del 60 % de los profesionales encuestados percibe una violación significativa de garantías fundamentales en los procesos penales contra sociedades mercantiles por delitos tributarios, particularmente en lo referente a la presunción de inocencia y el debido proceso. Esta percepción evidencia un déficit en la implementación práctica del régimen penal empresarial en Ecuador.

Estos resultados coinciden con los planteamientos de Pacheco (2024), quien advierte que los estudios sobre responsabilidad penal corporativa en Ecuador son escasos y que la adopción de la figura del compliance no ha cuidado suficientemente la protección de garantías procesales como el principio acusatorio y la presunción de inocencia Según Pacheco, “frente a esta previsible problemática … invocamos los criterios y las opiniones de los grandes penalistas europeos” para fortalecer un modelo que aún se encuentra débil, lo cual valida tu hallazgo sobre la percepción deficiente de efectividad judicial.

Así mismo, en una investigación de posgrado, concluyen que el compliance penal previsto en los artículos 45 y 49 del COIP “no es eficaz en la prevención de delitos” y recomiendan transformarlo de simple atenuante a una eximente real. Este diagnóstico es coherente con tu observación de que solo un 16 % considera que las empresas comprenden sus riesgos penales, lo que pone en evidencia la necesidad de dotar al sistema de herramientas de prevención operativas.

En un estudio complementario, se subraya que, a pesar de la reforma de 2022 que reconoce el compliance como atenuante o eximente, su aplicación es limitada por la ausencia de estándares judiciales claros sobre su eficacia estructural. Esto explica en parte por qué, a pesar del apoyo mayoritario (77 %), el cumplimiento preventivo aún no es obligado, y las empresas carecen de incentivos normativos claros para implementarlo.

El contraste internacional también aporta elementos ilustrativos. En países como España y Francia, el compliance está regulado con mayor precisión y se ha consolidado en la jurisprudencia como herramienta efectiva para la exención de responsabilidad penal, algo en lo que Ecuador aún está rezagado.

En el ámbito penal-tributario, es esencial garantizar el debido proceso y los derechos de defensa, incluso para personas jurídicas. Como lo explica la Constitución ecuatoriana en su artículo 76, numeral 7, literal “a”, “nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento” (Corte Constitucional del Ecuador, 2020, citada en repositorio CID Ecuador). Además, en el contexto específico tributario, se ha evidenciado que la omisión del procedimiento sumario administrativo puede conducir a “indefensión de los contribuyentes” al no cumplirse con la garantía de contar con tiempo y medios adecuados para ejercer la defensa (Sala de lo Fiscal de la Corte Nacional de Justicia, 2019, citada en 1Library)

Es fundamental abordar el tema de las garantías penales en juicios contra sociedades mercantiles por delitos tributarios porque implica directamente el equilibrio entre el ejercicio legítimo del poder punitivo del Estado y la protección de los derechos fundamentales, incluso cuando se trata de personas jurídicas.

En un país como Ecuador, donde el sistema judicial aún enfrenta desafíos en cuanto a transparencia y eficiencia, permitir que se procese a una empresa sin criterios claros de imputación o sin el respeto al debido proceso puede generar abusos, inseguridad jurídica y un ambiente desfavorable para la inversión. Además, muchas sociedades mercantiles no cuentan con la orientación legal necesaria para prevenir riesgos penales, lo cual las deja expuestas no solo a sanciones, sino también a la pérdida de reputación e incluso la disolución.

Desde esta perspectiva, abordar el tema no solo es importante para mejorar el marco jurídico, sino también para fortalecer una cultura empresarial ética y responsable. También representa una oportunidad para que el país se alinee con estándares internacionales que promueven el compliance como herramienta de prevención y no solo como defensa tardía.

CONCLUSIONES

El análisis teórico y doctrinario corrobora que existe una brecha significativa en la comprensión y aplicación de las garantías penales por parte de las sociedades mercantiles, especialmente frente a procesos tributarios. Esta falta de claridad puede traducirse en una vulneración del derecho al debido proceso, afectando directamente la seguridad jurídica empresarial.

Las encuestas realizadas a profesionales del derecho y habitantes del cantón de Babahoyo evidencian una percepción generalizada de que las garantías procesales no se aplican de forma equitativa a las personas jurídicas. Esto refuerza la necesidad urgente de reformar la normativa penal tributaria, implementar estándares claros de imputación empresarial y fortalecer el rol del compliance como herramienta preventiva. Para mejorar las garantías penales en juicios contra sociedades mercantiles por delitos tributarios, se propone reformar el COIP para delimitar con precisión la responsabilidad penal empresarial e incorporar de forma obligatoria modelos de compliance como mecanismos de prevención y exoneración.

Además, se recomienda capacitar a operadores judiciales en derecho penal económico, emitir guías procesales específicas, garantizar defensa técnica especializada, y establecer mecanismos de control institucional para asegurar un debido proceso. Finalmente, se sugiere promover campañas de concienciación para que las empresas comprendan los riesgos penales derivados del incumplimiento tributario.

FINANCIAMIENTO

No monetario.

AGRADECIMIENTO

A todos los factores sociales que influyeron en el desarrollo de la investigación.

REFERENCIAS CONSULTADAS

Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador (2008). Constitución De La Republica Del Ecuador 2008. Registro Oficial 449 de 20-oct-2008, Quito, Ecuador. https://n9.cl/hd0q

Asamblea Nacional de Ecuador. (2014). Código Orgánico Integral Penal, Quito: Lexis. https://n9.cl/s1o44

Corte Constitucional del Ecuador. (2020). Sentencia No. 14‑19‑CN/20. Obtenido de CASO No. 14-19-CN: https://n9.cl/8morjs

Corte Constitucional del Ecuador. (2020). Sentencia No. 270‑13‑EP/20. Obtenido de En Repositorio CIDEcuador. Sala de lo Fiscal de la Corte Nacional de Justicia. https://n9.cl/ljyx8t

La Admnistracion Tributaria Central En Ecuador. (2019). Garantías del debido proceso en recursos tributarios. https://n9.cl/yy0syh

Corte Nacional de Justicia. . (2020). Criterios penales – Corte Nacional de Justicia. Obtenido de CNJ. https://n9.cl/izc74

Ministerio de Justicia de España. . (2021). Reforma del Código Penal: Responsabilidad penal de las personas jurídicas. https://n9.cl/vjc8q5

Pacheco, M. E. (2024). Revisiones procesales para un compliance basado en el modelo de responsabilidad penal en el Ecuador. . Obtenido de Revista CAP Jurídica Central. https://n9.cl/ij2sga

UK Government. . (2020). Corporate criminal offences: failure to prevent the facilitation of tax evasion. . Obtenido de https://n9.cl/bm6si

Uniteco Ecuador. (2025). ¿Existe la responsabilidad penal de las empresas? Obtenido de https://n9.cl/c6c3g

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