INTRODUCCIÓN

La responsabilidad penal juvenil en contextos de crimen organizado representa un desafío multidimensional para el país, donde se tensionan los principios de protección integral de la niñez y las exigencias de seguridad ciudadana. Este fenómeno adquiere relevancia global por su conexión con redes transnacionales de narcotráfico, tráfico de armas y lavado de activos. En el Ecuador, se reportan diariamente el cometimiento de delitos efectuados por organizaciones criminales o asociaciones ilícitas; delitos que se encuentran tipificado y sancionado por el COIP y que además son cometidos tanto por delincuentes nacionales como extranjeros, siendo necesaria la intervención del Estado para la erradicación de esta problemática. Los grupos delictivos usan con mucha más frecuencia a los menores de edad, pues estos están cobijados por la inimputabilidad, lo que les convierte en piezas trascendentales para el cometimiento de conductas penalmente relevantes (Vinueza Arroyo, 2025).

Sutherland es el creador de la teoría de la asociación diferencial. Para él, el delito se aprende como cualquier otro comportamiento humano, el desafió la idea tradicional de que el crimen era propio de las clases bajas o de personas con carencias económicas. Mostró que la criminalidad también existe en las clases medias y altas, especialmente a través de los llamados "delitos de cuello blanco" (White-collar crime), cometidos por individuos en posiciones de poder o privilegio, esta teoría no se centra en el origen o la motivación interna para delinquir, sino en el proceso social de aprendizaje: cómo el entorno y las relaciones personales influyen en la adquisición de conductas delictivas (Sutherland, 2023).

Factores como pobreza, deserción escolar y redes de crimen organizado explican la participación juvenil, pero la respuesta estatal se limita al castigo sin abordar causas estructurales. En Ecuador, Rivera-Rhon y Bravo-Grijalva (Rivera-Rhon, 2020) analizaron el ascenso estratégico del país en la economía del narcotráfico, destacando su papel en las cadenas de valor del crimen organizado. Por otro lado, Vizcarra, Bonilla y Prado (Vizcarra, 2020) examinaron las respuestas del Estado peruano frente al crimen organizado en el siglo XXI, señalando la necesidad de políticas más efectivas para combatir este fenómeno. El crimen organizado juvenil en Ecuador es un fenómeno multifacético que requiere una respuesta coordinada y multidimensional. Es fundamental que el Estado, la sociedad civil y la academia trabajen juntos para abordar las causas estructurales de este problema, incluyendo la pobreza, la exclusión social y la falta de oportunidades. Además, se deben implementar reformas legales y políticas públicas basadas en evidencia, que no solo busquen sancionar a los responsables, sino también prevenir el reclutamiento de jóvenes y apoyar a las víctimas y sus familias. Solo a través de un enfoque integral y colaborativo se podrá mitigar el impacto del sicariato juvenil en Ecuador y avanzar hacia una sociedad más segura y justa (Balladares, 2025).

La reciente aprobación de la Ley Orgánica de Integridad Pública en Ecuador marca un giro significativo en el tratamiento penal de adolescentes infractores vinculados a delitos graves y crimen organizado. La normativa, impulsada por el Ejecutivo y aprobada por la Asamblea Nacional con 84 votos a favor, introduce reformas profundas al sistema de justicia juvenil, endureciendo las penas y modificando procedimientos clave.

El cambio más relevante es que los menores de edad que cometan delitos graves relacionados con el crimen organizado como homicidio, sicariato, narcotráfico, terrorismo o trata de persona podrán recibir penas de hasta 15 años de privación de libertad, equiparándose en la práctica al régimen sancionatorio de adultos. Antes de la reforma, la pena máxima para adolescentes era de ocho años. Además, esta ley establece que si un adolescente colabora eficazmente con la justicia y delata a quienes lo reclutaron o incitaron a delinquir, su condena podrá reducirse hasta en un 50% (Primicias, 2025).

Los instrumentos internacionales (CIDH, Convención de Derechos del Niño) exigen que los Estados prioricen la rehabilitación y reinserción sobre el castigo. Sin embargo, la ley ecuatoriana: Reduce programas socioeducativos, limita regímenes semiabiertos en delitos graves, introduce penas accesorias como tratamientos obligatorios sin garantías de adecuación al contexto del adolescente (CIDH, 2023).

Finalmente, resulta imprescindible analizar críticamente las reformas legales recientes en Ecuador, que endurecen la responsabilidad penal juvenil en casos vinculados al crimen organizado, y evaluar sus implicaciones frente a los estándares internacionales de derechos humanos y las necesidades estructurales del país.

Solo mediante un enfoque integral que combine justicia restaurativa, políticas públicas de prevención y atención a las causas sociales profundas, será posible construir una respuesta efectiva y respetuosa de los derechos de la niñez y adolescencia, contribuyendo así a la seguridad ciudadana y la justicia social. Es por eso que en el presente artículo se busca analizar el impacto de las reformas legales en la responsabilidad penal juvenil en Ecuador en contextos de crimen organizado, evaluando su coherencia con las obligaciones internacionales y su capacidad para abordar las causas estructurales del fenómeno, con el fin de proponer un enfoque integral que garantice la protección de los derechos de los adolescentes y promueva la prevención y reinserción social.

MÉTODO

Se utilizará un enfoque mixto, es decir cuantitativo y cualitativo, esto por la naturaleza del fenómeno; multidimensional y complejo. Este tipo de metodología permite entrelazar la legalidad con la realidad social para analizar las principales variables de la problemática, interpretando críticamente una realidad jurídica y social compleja. En cuanto al diseño de investigación, se determinó utilizar el diseño no experimental transversal, puesto que no se implementará la manipulación de variables sino más bien se analizará cada una de ellas para determinar el nivel de incidencia en la problemática principal.

Con respecto a los alcances se hará el uso de los siguientes: alcance descriptivo, explicativo y correlacional. Por su parte el alcance descriptivo facilitará la identificación de las características del sistema penal juvenil y los tipos de delitos más cometidos por los adolescentes involucrados en el crimen organizado. Como su principal característica lo indica, el alcance explicativo determina las causas y relaciones entre las variables de este fenómeno.

Con respecto a las técnicas se hará uso de entrevistas y encuestas, para ello se hará el uso de cuestionarios semiestructurados, por su parte las encuestas constaran con cinco preguntas cerradas, mismas que serán dirigidas hacia una muestra perteneciente a los adolescentes infractores; en cuanto a las entrevistas, se las aplicara a personal de la función judicial. El uso de estas técnicas e instrumentos permitirá comprender la problemática y sus factores la perspectiva social y legal. La población del presente artículo de investigación recae ante los 3.386 menores de edad que fueron detenidos a nivel nacional entre enero del 2024 y mayo de 2025, esto de acuerdo con las estadísticas presentadas por el Ministerio del Interior (Muñoz, 2025).

RESULTADOS

Los resultados evidencian que las condiciones socioeconómicas precarias constituyen el principal factor identificado por los encuestados como causa de la vinculación de adolescentes al crimen organizado. La pobreza (34,8) y la falta de oportunidades (30,8%), que juntas suman más del 65% de las respuestas, reflejan un contexto estructural en el que la vulnerabilidad económica y la ausencia de alternativas legitimas empujan a los jóvenes hacia actividades ilícitas. Esta percepción se alinea con los enfoques criminológicos que vinculan la delincuencia juvenil con desigualdades sociales persistentes, especialmente en sectores marginalizados.

Por otro lado, un 17,2% de los encuestados considera que la exclusión social es un factor determinante. Esta exclusión puede provocar sentimientos de alineación. Finalmente, otro 17,2% atribuye la vinculación a la influencia directa de las bandas criminales, lo que apunta al rol activo del crimen organizado en el reclutamiento y manipulación de adolescentes. Este dato es clave en el marco del debate sobre responsabilidad penal juvenil, ya que pone en evidencia que los menores no siempre actúan con plena autonomía, sino bajo presión o seducción de organizaciones con poder y estructura.

Con respecto al aumento de penas para adolescentes que cometen delitos graves, los resultados muestran que un 47,3% de los encuestados está totalmente de acuerdo con esta medida, mientras que un 36% manifestó estar parcialmente de acuerdo. En contraste, un 12,2% expresó estar en desacuerdo, y un 45% indicó no estar seguro.

Estos datos revelan una mayoría significativa a favor del endurecimiento del régimen penal juvenil, alcanzando un 83,3% entre quienes están totalmente de acuerdo o parcialmente de acuerdo. Esta tendencia puede interpretarse como reflejo de una creciente sensación de inseguridad y de una demanda social de respuestas más severas frente a la participación de adolescentes en delitos de alta gravedad, especialmente en contextos marcados por el avance del crimen organizado.

Ante la pregunta sobre la eficacia del endurecimiento de penas como mecanismo para reducir la participación de adolescentes en el crimen organizado, los resultados reflejan que un 76,2% de los encuestados respondió afirmativamente, mientras que un 13% considera que no, y un 10,8% manifestó no estar seguro. Este resultado evidencia una fuerte creencia social en la función disuasiva de la sanción penal, en particular respecto a la población adolescente.

La mayoría de los encuestados asocia el incremento de penas con una disminución automática de la criminalidad juvenil, lo cual sugiere una visión punitivista del control del delito. El 13% que no cree en la eficacia del endurecimiento penal, aunque representa una minoría, introduce una visión alternativa que puede estar basada en el reconocimiento de factores estructurales como: la pobreza, la falta de oportunidades y la influencia de bandas criminales; que no se resuelven con respuesta punitivas. En conjunto, estos resultados reflejan una tensión entre el sentido común punitivo predominante en la opinión pública y las evidencias normativas e internacionales que recomiendan enfoques integrales y diferenciados para la responsabilidad penal juvenil.

Los resultados muestran que un 75,9% de los encuestado está de acuerdo con la rehabilitación y reinserción social deben ser prioridad del Estado respecto a los adolescentes infractores. En contraste, un 14,5% respondió negativamente y un 9,5% manifestó duda o ambivalencia. Este respaldo mayoritario evidencia una valoración positiva del enfoque restaurativo y pedagógico del sistema penal juvenil, el cual está consagrado tanto en la normativa nacional como en los estándares internacionales de derechos humanos. La opinión favorable hacia la rehabilitación refleja un reconocimiento de que los adolescentes en conflicto con la ley no deben ser tratados como adultos, sino como sujetos en desarrollo que requieren apoyo para reorientar su proyecto de vida.

No obstante, el 14,5% de oposición y el 9,5% de incertidumbre evidencia la persistencia de sectores que aun priorizan una respuesta punitiva por sobre la función socioeducativa del sistema. En síntesis, aunque el apoyo a la rehabilitación es predominante, persisten tensiones discursivas entre protección y castigo, lo cual es fundamental considerar al momento de diseñar políticas públicas coherentes con las obligaciones internacionales del Estado.

Los resultados reflejan un amplio consenso social a favor del fortalecimiento de programas socioeducativos en el sistema de justicia juvenil, un 80,1% de los encuestados considera que estos deberían ser prioritarios frente a una respuesta basada únicamente en el castigo. Solo un 12,7% se opone a esta idea y un 7,2% no está seguro.

Este apoyo mayoritario pone en evidencia una comprensión social creciente del enfoque restaurativo y pedagógico que debe regir la justicia, tal como lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño y otras normas internacionales. Reconocer la necesidad de intervenciones socioeducativas solidas implica entender que la criminalidad adolescente está fuertemente influenciada por factores estructurales y contextuales que no se revuelven con medidas punitivas.

Con relación a los resultados de las entrevistas; las respuestas recabadas reflejan una visión crítica y bastante homogénea entre los operadores de justicia en relación con el tratamiento penal que actualmente se aplica a los adolescentes infractores. Existe un consenso mayoritario en torno a la ineficacia del endurecimiento de penas como estrategia de disuasión frente a la participación de adolescentes en estructuras delictivas complejas como el crimen organizado. Desde la perspectiva de los entrevistados, se plantea que el enfoque punitivo no ataca las causas estructurales del fenómeno, sino que, por el contrario, puede exacerbar la exclusión social y aumentar la reincidencia.

En este sentido, las respuestas evidencian que el crimen organizado capta a adolescentes que provienen de contextos marcados por pobreza, exclusión social, y escasas oportunidades (laborales y educativas), lo que concuerda con la literatura especializada sobre criminología crítica. Para estos profesionales la opinión sin prevención ni acompañamiento psicosocial refuerza los ciclos de marginalidad y fortalece el reclutamiento de menores por parte de redes criminales que los instrumentalizan debido a su inimputabilidad o penalidad atenuada.

Con respecto al segundo eje temático abordado en la entrevista, relacionado con los principios de protección integral establecidos en los tratados internacionales de derechos humanos, la mayoría de los operadores reconoce avances normativos importantes en Ecuador, pero advierte una grave brecha entre la ley y su implementación efectiva. Se menciona la carencia de recursos, la debilidad institucional, la falta de formación especializada y la presión política hacia respuestas punitivas como factores que limitan el cumplimiento de los estándares internacionales, como los establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, la Reglas de Beijing o las Reglas de La Habana.

Esto claramente apuntaría hacia una crisis de coherencia entre el marco jurídico nacional e internacional y las políticas públicas que se aplicaren en este sentido. Desde esta perspectiva multidimensional, se reafirma la necesidad de políticas de prevención interinstitucionales, programas de desarrollo comunitario y fortalecimiento familiar, así como de un sistema de justicia penal juvenil que priorice la reintegración social, la reparación y la garantía del interés superior del niño.

DISCUSIÓN

En base a los datos obtenidos reflejan que, para la mayoría de los encuestados, la pobreza y la falta de oportunidades son los principales motivos por los cuales muchos adolescentes terminan involucrados con el crimen organizado. Estas respuestas apuntan a una realidad social marcada por la desigualdad, donde las condiciones de vida precarias y la exclusión generan un terreno fértil para que jóvenes, sin alternativas reales, se vean tentados o forzados a entrar en circuitos delictivos. Además, se destaca la influencia directa de las bandas criminales como otro factor importante. Esto señala que muchas veces los adolescentes no actúan por decisión propia, sino bajo coacción o manipulación, lo que complica aún más el panorama de la responsabilidad penal juvenil.

Un porcentaje elevado de personas encuestadas se muestra a favor del aumento de penas para adolescentes que cometen delitos graves. Esta posición mayoritaria parece estar motivada por una sensación generalizada de inseguridad, sumada a la creciente presencia del crimen organizado en sectores donde antes no tenía tanta influencia. También es significativo que muchos confíen en que el castigo más severo servirá para reducir la delincuencia juvenil. Sin embargo, esta creencia va en dirección contraria a lo que proponen los organismos internacionales, que insisten en un tratamiento diferenciado y con enfoque de derechos para los adolescentes en conflicto con la ley.

Pese al respaldo al castigo, hay también una valoración positiva del enfoque restaurativo. Un alto porcentaje considera que el Estado debe priorizar la rehabilitación de los adolescentes infractores y fortalecer los programas educativos dentro del sistema de justicia juvenil. Este apoyo muestra que existe conciencia sobre la importancia de dar a los jóvenes la posibilidad de reencaminar sus vidas, en lugar de simplemente castigarlos. Este contraste entre el deseo de sanción y la intención de reintegrar al adolescente refleja que la sociedad no tiene una postura única, sino que conviven distintas visiones sobre cómo abordar este tema.

En resumen, los resultados exponen una contradicción importante: por un lado, la ciudadanía reclama medidas más duras frente al aumento de la delincuencia juvenil, pero al mismo tiempo respalda propuestas orientadas a la rehabilitación. Esta dualidad plantea un reto clave para el diseño de políticas públicas: encontrar un equilibrio entre la necesidad de garantizar seguridad y el compromiso de respetar los derechos de los adolescentes, tal como lo exigen las normas nacionales e internacionales. Para avanzar en esa dirección, es fundamental que las instituciones del Estado refuercen el trabajo preventivo, ofrezcan oportunidades reales a los jóvenes y, sobre todo, fortalezcan un sistema penal juvenil que no solo castigue, sino que eduque, proteja y reintegre.

Uno de los aspectos más importantes tratados en este artículo es cómo el Estado ecuatoriano ha respondido con una visión punitiva frente a una crisis estructural, olvidando que los adolescentes infractores muchas veces provienen de contextos de extrema vulnerabilidad. Pobreza, abandono escolar, desintegración familiar y reclutamiento forzado son causas profundas que no se están abordando adecuadamente, y que explican la vinculación de estos jóvenes con organizaciones delictivas.

El análisis también subraya la contradicción legal que se genera al equiparar el régimen sancionador juvenil al de los adultos, permitiendo sentencias de hasta 15 años para adolescentes en casos de homicidio, sicariato, narcotráfico o terrorismo. Esto representa una grave desviación de los principios del derecho internacional humanitario, como el interés superior del niño y el enfoque restaurativo que promueven la Convención sobre los Derechos del Niño y la CIDH.

Según los autores Ximena Orosco Aguilar e Iván Pineda Cando (2023), existen insuficiencia de la legislación ecuatoriana. Dan a conocer que la legislación actual no aborda las causas estructurales (pobreza, deserción escolar, etc.) y que el sistema penal juvenil está en deuda con los derechos fundamentales de los menores. Al igual que se busca evaluar la capacidad de discernimiento en los adolescentes mayores de 16 años y la necesidad de endurecer las penas, lo cual podría ser útil para delitos graves como el sicariato (Tomás Montero Hernanz, 2020).

CONCLUSIONES

En Ecuador, la responsabilidad penal de los jóvenes se vuelve crucial en el marco del crimen organizado, donde los jóvenes son empleados como instrumentos debido a su condición de inculpables o víctimas de sanciones más bajas. Se recomienda en lugar de implementar acciones preventivas o restaurativas, el sistema penal ha decidido incrementar las penalizaciones, especialmente a través de la reciente Ley Orgánica de Integridad Pública, lo que provoca una tensión directa con las regulaciones internacionales de protección de los niños.

La reciente Ley Orgánica de Integridad Pública, al equiparar el régimen sancionatorio juvenil con el de adultos, representa un retroceso en el cumplimiento de los compromisos internacionales de Ecuador en materia de derechos humanos y protección integral de la niñez. Para garantizar una justicia efectiva y respetuosa, se requiere una revisión normativa que armonice las sanciones con los principios de interés superior del niño y enfoque restaurativo.

En este artículo se han identificado las principales causas que llevan a los adolescentes a integrarse en bandas criminales. Por ello, es fundamental que el Estado ecuatoriano implemente las nuevas sanciones de manera efectiva, con el objetivo de reducir la influencia de estas organizaciones sobre los jóvenes y, al mismo tiempo, fortalecer la seguridad ciudadana.

FINANCIAMIENTO

No monetario.

AGRADECIMIENTO

A todos los factores sociales que influyeron en el desarrollo de la investigación.

REFERENCIAS CONSULTADAS

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Muñoz, S. (22 de junio de 2025). Ecuador: 3.386 menores detenidos en 2024-2025 por conflicto armado interno. El Diario . https://n9.cl/c1eivw

Primicias. (25 de Junio de 2025). Qué dice la recién aprobada Ley de Integridad Pública de Ecuador sobre las penas para adolescentes. Obtenido de https://n9.cl/weu12

Rivera-Rhon, R. y.-G. (2020). Crimen Organizado y cadenas de Valor: El ascenso estrategico del Ecuador en la economía del narcotrafico. Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad, 8-24. https://n9.cl/tj4kj7

Sutherland, E. H. (2023). Teoría de la asociación diferencial (Sutherland). Obtenido de SozTheo: https://n9.cl/bdevg

Tomás Montero Hernanz. (2020). La justicia penal juvenil en Iberoamérica: Libro homenaje a D. Elías Carranza. Editorial J.M. Bosch, colección Penalcrim. https://n9.cl/27ixh

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Vinueza Arroyo GF, P. P. (2025). Organized crime and underage recruitment in Ecuador Salud, Ciencia y Tecnología – Serie de Conferencias. Obtenido de El crimen organizado y los menores de edad reclutados en Ecuador: https://n9.cl/qmzig

Vizcarra, S. B. (2020). Respuestas del Estado peruano frente al crimen Organizado. Revista CS, 109-138. https://www.redalyc.org/journal/4763/476368270005/

Ximena A. Orozco, I. M. (28 de Noviembre de 2023). Una mirada crítica a la responsabilidad penal juvenil en la legislaciòn de Ecuador y el Derecho Comparado. Obtenido de https://doi.org/10.56712/latam.v4i5.1407

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