INTRODUCCIÓN

En sus orígenes, las prisiones eran espacios rudimentarios e improvisados que se utilizaban para el encierro preventivo hasta la realización del enjuiciamiento y la condena; las penas que se imponían eran: pena de muerte, tortura, esclavitud, con afectación de bienes jurídicos preciados como la vida, integridad física, patrimonio y honra. Entre el siglo XVIII y XIX se institucionaliza la pena privativa de libertad (pena PL). En este sentido, el aporte de dos grandes precursores sentó las bases del SP, John Howard y Jeremy Bentham por sus iniciativas para organizar, administrar, normar y dar un trato humano al prisionero (Malla, 2024).

La corrupción en la rehabilitación del sistema penitenciario en Ecuador es el resultado de factores históricos y estructurales que por sí mismos comprometen la transparencia y eficiencia de los sistemas débiles y la falta de supervisión a todo nivel han permitido que la corrupción se propague y que luego los grupos criminales organizados se infiltren en los centros penitenciarios como una práctica alternativa que conduce ineludiblemente a fines distintos a los del sistema. A esto se suma una historia de impunidad por prácticas corruptas, poco perseguidas, lo que ha creado un ambiente en el que la corrupción es fácilmente aceptada. Todo esto impide la recuperación del sistema y centra la atención en la necesidad inmediata de reformas estructurales para erradicar la corrupción.

El estudio de la corrupción del sistema penitenciario de Ecuador es necesario para comprender la profundidad y el alcance de este problema, evaluar los efectos de la rehabilitación y la sociedad de los residentes, e identificar las debilidades que les permiten propagarse. Cuando informamos este estudio en la causa de la corrupción histórica y organizacional, los resultados de la vida de los residentes y la operación del sistema penitenciario, este estudio es que la batalla ilegal de esta práctica enfatiza la necesidad de planes y procedimientos, de los derechos humanos. en prisión enfatizando la necesidad de planes y procedimientos.

Es importante mencionar el estado actual de una de las cárceles más violentas del Ecuador, Cárcel Litoral Guayas-Ecuador-Pabellón 3, el día 9 de febrero del 2023, Diario expreso expone: “la penitenciaria Del Litoral, la más grande del Ecuador, tiene 12 pabellones, dos de ellos están inhabilitados o destruidos y en los 10 restantes existen 10049 privados de la libertad.

La corrupción en el sistema penitenciario ecuatoriano agrava la crisis carcelaria, permitiendo el tráfico de influencias, el ingreso de armas y el control de bandas criminales. En lugar de garantizar la rehabilitación, las cárceles se han convertido en espacios de violencia y abuso, donde la falta de transparencia y la impunidad profundizan el problema. Además de afectar a los internos, la corrupción genera desconfianza en la justicia y vulnera la seguridad ciudadana. La ausencia de controles efectivos permite que las mafias operen con impunidad, debilitando el rol del Estado y frustrando cualquier intento de reforma penitenciaria real.

Para combatir este problema, es necesario fortalecer los mecanismos de supervisión, proteger a quienes denuncian irregularidades y promover un sistema basado en la dignidad y la rehabilitación efectiva. Sin estos cambios, cualquier medida será superficial y la crisis persistirá. El objetivo de este análisis es evidenciar cómo la corrupción impacta negativamente en la gestión y rehabilitación del sistema penitenciario ecuatoriano, debilitando su función de reinserción social y favoreciendo la violencia y el crimen organizado. Comprender esta problemática es fundamental para proponer soluciones efectivas que fortalezcan los mecanismos de control, promuevan la transparencia y garanticen un sistema penitenciario que realmente contribuya a la seguridad y justicia en Ecuador.

MÉTODO

Dentro de la presente investigación se empleó la metodología cualitativa toda vez que se rige en el análisis de cualidades, se ha utilizado elementos doctrinarios, teóricos y normativos, puesto que se realizó una investigación profunda, previo a la revisión de la bibliografía existente sobre el tema. La investigación se basó en los métodos histórico y cualitativo debido a que se elaboraron fundamentos teóricos que sustentan como la corrupción en el Sistema Carcelario tiene un impacto en la eficiencia, transparencia y rehabilitación social.

El método cualitativo permitirá analizar en profundidad cómo la corrupción influye en la administración de los centros penitenciarios y en la efectividad de los programas de rehabilitación. Este enfoque facilita la comprensión de las experiencias, percepciones y dinámicas que los distintos actores del sistema —funcionarios, internos y expertos en la materia— atribuyen a este fenómeno. Además, la flexibilidad del método cualitativo permitirá adaptar el estudio a medida que se recopilen nuevos datos, proporcionando un análisis integral y detallado de la problemática.

RESULTADOS

Para comenzar a desarrollar este tema es importante tener en cuenta a que se refiere ya que al hablar del Sistema Penitenciario va más allá que el término “Cárcel”, en nuestro país las personas privadas de la libertad son parte de las personas y grupos de atención prioritaria establecido en el artículo 35 de la Constitución en el capítulo tercero, ya que todas las personas que pertenecen a este grupo cuentan con un tipo de protección y derechos especiales para garantizar su bienestar e inclusión, siendo esta última palabra fundamental para el sistema de rehabilitación.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito define a la prisión como:

La prisión puede considerarse como la última fase del proceso de justicia penal, que comienza con la comisión del delito, prosigue con la instrucción del caso, el arresto de los sospechosos, su detención, el juicio y, por último, termina con la sentencia (Organización de las Naciones Unidas, 2010, p. 1). A su vez Bustos Ramírez en su investigación establece que las prisiones aparecen con la civilización y con las nuevas estructuraciones de la sociedad, en las que comenzó a surgir una intensa preocupación por anular el crimen por medio de la utilización de la prisión entendida como detención y no como castigo (Bustos Ramírez, 1992).

Estado actual de la situación penitenciaria

La Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas (2023) sostiene lo siguiente:

El sistema carcelario de Ecuador es blanco de críticas extendidas debido a su saturación, instalaciones insuficientes, violencia, corrupción y condiciones desfavorables, por lo general. Se menciona estos problemas como elementos que fomentan la corrupción en sus establecimientos, dado que tanto los prisioneros como el personal encargado del mismo contribuyen a la corrupción en sus instalaciones. Los informes de corrupción dentro de las prisiones ecuatorianas incluyen entre varias formas de contrabando, también, el tráfico de drogas, y también, el empleo de violencia y malos tratos con los reclusos (Ortiz-Criollo & López-Soria, 2023; Fiscalía General del Estado, 2023).

La crisis penitenciaria ecuatoriana es el legado de varias décadas de negligencia y corrupción. La sobrepoblación, las condiciones infrahumanas y la falta de programas de rehabilitación convirtieron a las prisiones en un campo de pruebas para la violencia y el crimen organizado. El tráfico de armas, drogas y la creación de bandas criminales en la cárcel, condonado por la corrupción de los oficiales, creó un círculo vicioso en el que los exreclusos no pueden reinsertarse en la sociedad y son una amenaza.

Es urgente combatir la corrupción en el sistema penitenciario de Ecuador, ya que sus consecuencias van mucho más allá de las cárceles, impactando la seguridad ciudadana y la confianza de la población en la justicia. Cuando las prisiones no logran rehabilitar a las personas privadas de libertad (PPL) ni garantizan la seguridad de los internos y del personal, se perpetúa un ciclo de violencia y criminalidad que afecta a toda la sociedad. Además, la corrupción carcelaria debilita el estado de derecho y erosiona la credibilidad de las instituciones encargadas de la justicia y la seguridad. Para que las cárceles cumplan su verdadero propósito como espacios de rehabilitación y reinserción social, es fundamental implementar medidas eficaces contra la corrupción. Esto implica fortalecer los sistemas de control, profesionalizar al personal penitenciario y asegurar la transparencia en la gestión carcelaria.

Es así como los centros de privación de libertad o mal llamados cárceles, no deben ser vistos como lugares sanguinarios donde se imparten castigos, torturas y tratos inhumanos, sino como espacios que albergan a personas que han cometido un delito o una infracción, en donde se impartan programas de rehabilitación y reinserción social, con un solo objetivo fundamental que es que se reintegren a la sociedad y puedan llevar una vida sana además de que cuenten con oportunidades.

Sin embargo es importante destacar que nuestro país enfrenta hoy en día una grave problemática en cuanto a los centros de privación de libertad, no es un secreto para nadie que problemas como el hacinamiento, la violencia estructural, la falta de financiamiento y sobre todo la corrupción, nos han llevado a una crisis penitenciaria grave que se caracteriza por los altos niveles de violencia y muerte, dejando muy por detrás los principios que tienen los centros de Privación de libertad, el que debería ser un sistema que rehabilite más al privado de la libertad (PPL), se ha convertido en un ente que vulnera sus derechos, que no solo están establecidos en la carta magna sino también en el Código Orgánico Integral Penal y en instrumentos Internacionales como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En el año 2021 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizo una visita de trabajo, liderada por el Relator sobre los derechos de las personas privadas de libertad, para analizar los hechos de violencia ocurridos en los diversos centros de privación y observar las medidas que adopto el estado. La corrupción es considerada como uno de los factores que afecta al sistema penitenciario y potencia el debilitamiento de la institucionalidad, ya que esta se caracteriza por el abuso o desviación del poder encomendado desplazando el interés público por un beneficio personal, agrediendo directamente a la democracia.

Aún hoy cuatro años después siguen siendo factores que nos han convertido en uno de los países con más altas tasas de violencia, hacinamiento y muertes; siendo el manejo de las cárceles por las bandas delictivas una de las problemáticas a las que se enfrenta en gobierno, la sociedad y los mismos privados de la libertad, no es un secreto que para poder tener una “vida tranquila” es necesario que las familias de las personas privadas de la libertad den cantidades altas de dinero.

Otra problemática que empeora la situación carcelaria es la falta de cumplimiento por el Estado y las condiciones en las que son obligados a vivir los PPL, que en muchos de los casos son precarias, sin bien es cierto están cumpliendo una condena por un delito, sin embargo no es un justificativo para la deshumanizante vida que llevan dentro de los centros de libertad, cuando su función es rehabilitar y reintegrar a un sujeto a la sociedad para que repare el daño hecho, sin embargo a tomado una dirección diferente, donde los PPL salen incluso en peores condiciones en las que entraron.

El Código Orgánico Integral Penal es muy claro en su artículo 684 acerca de las instalaciones: Los centros de privación de libertad contarán con la infraestructura y los espacios necesarios para el cumplimiento de los objetivos del Sistema Nacional de Rehabilitación Social (Asamblea Nacional, 2014). Así mismo en el artículo 685 nos habla acerca de la seguridad interna y perimetral de los centros de privación de libertad: La seguridad interna de los centros de privación de libertad, en circunstancias ordinarias, es competencia del cuerpo de seguridad penitenciaria que, en circunstancias de motines o graves alteraciones del orden, podrá contar con el apoyo de la Policía Nacional (Asamblea Nacional, 2014).

Queda totalmente establecida la responsabilidad que tiene el estado no solo con los PPL sino también con sus familias y con la sociedad ya que tienen como obligación garantizar el bienestar de los privados de la libertad, garantizando las condiciones necesarias para que puedan llevar su condena de manera correcta, pero sobre todo asegurando una rehabilitación efectiva.

Las Prácticas corruptas del Economato

En el Diagnóstico del Sistema Penitenciario del Ecuador, realizado por el centro de etnografía interdisciplinaria Kaleidos junto al departamento de investigación y vinculación de la Udla, se analiza más a fondo acerca de la corrupción, acceso y encarecimiento de la vida en prisión. Economato, es el servicio encargado de la provisión y venta de los artículos de consumo para los PPL, aquí se venden artículos como aseo e higiene o artículos para complementar su alimentación, sin embargo, aquí también se puede visibilizar la corrupción existente en este mercado.

El incremento de precios de los artículos del economato y el encarecimiento de su acceso para las personas privadas de libertad se deriva, en parte, de los episodios de corrupción […], en los que participan tanto privados de libertad como funcionarios del sistema penitenciario. Pero la corrupción en las relaciones económicas dentro de la cárcel debe ser comprendida en toda su complejidad (Kaleidos, 2021, p. 77).

Sabemos que la alimentación, lo que refiere a higiene y salud personal dentro de los centros de privación de libertad no cumple los estándares y calidad necesarios para que una persona pueda estar bien, es por eso que Economato tiene un papel fundamental garantizando que el PPL tenga un complemento, sin embargo en nuestro país hasta este mercado es susceptible a prácticas comerciales corruptas, desiguales que privilegian a unos sobre otros, como se dijo previamente llega a afectar incluso a la familia del PPL ya que ellos son los que en gran medida proveen los medios económicos para cubrir estas necesidades básicas.

Condiciones de Detención

A esta problemática además debemos añadir otros problemas como la Infraestructura penitenciaria: “la Defensoría del Pueblo informó que algunos centros de detención presentan inadecuadas condiciones sanitarias y de ventilación, además de insuficiente espacio en las celdas y pabellones” (Organización de los Estados Americanos, 2022, p. 65).

Las necesidades y problemas ya existentes se suman también este de infraestructura que se ha resaltado en las mega cárceles ya que no tienen espacios adecuados, no hay mantenimiento a las instalaciones, redes eléctricas y sanitarias y aún peor una adecuada gestión de desechos, incluso dentro de nuestra provincia existían fallas en las paredes que facilitaban a que desde el exterior en botellas entren alcohol o droga.

La CIDH toma nota de un informe elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del año 2018, que señala que el 42% de las personas privadas de libertad duerme en el piso, y el 20% no cuenta con agua potable suficiente. Al respecto, organizaciones de la sociedad civil informaron que hay centros de privación de la libertad que no cuentan con agua de forma permanente, como en Cotopaxi No. 1, donde solo reciben el recurso hídrico por dos horas al día, el cual recogen en los baldes donde hacen las necesidades fisiológicas (Organización de los Estados Americanos, 2022, p. 66).

En las condiciones de vida también debemos tener en cuenta el aspecto de la salud, que, a más de ser un derecho fundamental, se ve potencialmente vulnerado en los centros de privación de libertad. El hacinamiento y la sobrepoblación aumentarían la exposición a la propagación de enfermedades infectocontagiosas como el SIDA o la tuberculosis. Con relación a la falta de perspectiva de género, la CIDH ha sido informada que los centros carcelarios no tendrían servicios de salud adecuados ni especializados con enfoque de género (Organización de los Estados Americanos, 2022).

DISCUSIÓN

La presente sección analiza y compara los resultados obtenidos con estudios previos para evaluar la situación del sistema penitenciario en el país, destacando las principales problemáticas identificadas y su impacto en la rehabilitación social de las personas privadas de la libertad (PPL). Los resultados muestran que el hacinamiento es una de las problemáticas más graves dentro de los centros de privación de libertad. Según el informe de la CIDH, el estándar ideal de un agente penitenciario por cada 20 reclusos no se cumple, existiendo en realidad un agente por cada 62 PPL. Esto genera dificultades para el control y la seguridad dentro de las instalaciones, fomentando la violencia y la corrupción (Organización de los Estados Americanos, 2022).

Estudios anteriores han evidenciado que la falta de personal y la sobrepoblación en las cárceles contribuyen a la degradación de los derechos humanos, una situación que ha sido denunciada en diversos informes de organismos internacionales. La reiteración de estas problemáticas a lo largo del tiempo sugiere la ausencia de políticas efectivas por parte del Estado para garantizar condiciones dignas dentro de las prisiones.

Corrupción y economato

Otro hallazgo relevante es la corrupción en el economato, el cual, en teoría, debería garantizar el acceso de los PPL a productos de primera necesidad. Sin embargo, el encarecimiento de estos artículos y la imposición de pagos irregulares reflejan una estructura de mercado controlada por redes de corrupción que incluyen tanto a reclusos como a funcionarios (Kaleidos, 2021).

Comparando con investigaciones previas, esta situación no es exclusiva del país, sino que se ha documentado en otros sistemas penitenciarios de América Latina. No obstante, el impacto en Ecuador es particularmente grave debido a la falta de regulación y control gubernamental, lo que impide una distribución equitativa de los bienes dentro de los centros de privación de libertad.

Reinserción social y educación.

Los resultados indican que el acceso a programas de rehabilitación y reinserción social es limitado. La falta de financiamiento en estos programas genera un vacío en la preparación de los PPL para su vida posterior a la prisión, lo que aumenta el riesgo de reincidencia delictiva. La Política Pública de Rehabilitación Social 2022-2025 identifica cuatro dimensiones clave para mejorar la reinserción, pero su aplicación ha sido deficiente debido a la falta de recursos.

Estudios como los de Fletcher (1997) han argumentado que la pena debe ser una oportunidad para la reintegración del individuo en la sociedad, más que un castigo retributivo. Sin embargo, la realidad muestra que los centros penitenciarios actuales no cumplen con este propósito, perpetuando un círculo de exclusión social que impide una verdadera rehabilitación de los individuos.

Clasificación de PPL y violaciones a derechos humanos

Uno de los problemas identificados es la falta de clasificación de los PPL según su grado de peligrosidad o tipo de delito. Esto no solo vulnera lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal (COIP, artículo 682), sino que también fomenta redes criminales dentro de las prisiones, donde la distribución de los detenidos se realiza en función de pagos ilícitos y no de criterios de seguridad.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que esta situación favorece la violencia y la desprotección de ciertos grupos dentro de las prisiones, en especial aquellos que carecen de recursos económicos para acceder a mejores condiciones de reclusión (Organización de los Estados Americanos, 2022).

Los hallazgos de esta investigación evidencian que el sistema penitenciario del país enfrenta serias deficiencias estructurales que afectan la seguridad, la rehabilitación y la reinserción social de los PPL. Comparando con estudios previos, se observa que estos problemas persisten y se han agravado debido a la falta de inversión, control y voluntad política para implementar soluciones efectivas.

Se recomienda que futuras investigaciones exploren mecanismos de reforma carcelaria con enfoque en derechos humanos, así como estrategias de financiamiento para mejorar la infraestructura y los programas de rehabilitación social. Sin estos cambios, la crisis penitenciaria continuará afectando no solo a los PPL, sino también a la seguridad de la sociedad en su conjunto.

CONCLUSIONES

El sistema penitenciario enfrenta serias deficiencias estructurales que comprometen tanto la seguridad como la rehabilitación de las personas privadas de la libertad, incumpliendo su función de reinserción social. Factores como el hacinamiento, la falta de personal penitenciario y la inadecuada clasificación de los internos según su nivel de peligrosidad contribuyen al incremento de la violencia y la corrupción dentro de los centros de reclusión. Esto resalta la necesidad de políticas urgentes que regulen el crecimiento poblacional en las cárceles y mejoren las condiciones de vida de los internos, garantizando el respeto a sus derechos humanos.

Asimismo, la corrupción en el economato y la falta de regulación gubernamental agravan la desigualdad en el acceso a bienes básicos, vulnerando los derechos fundamentales de los reclusos. A esto se suma la ausencia de programas efectivos de rehabilitación y educación, lo que incrementa la reincidencia delictiva y reduce las oportunidades de reinserción social. Para abordar estos problemas, es crucial aumentar la inversión en educación y rehabilitación dentro de los centros penitenciarios, así como implementar mecanismos de supervisión que garanticen una administración transparente y equitativa de los recursos.

La transformación del sistema penitenciario requiere un enfoque integral que involucre al Estado, la sociedad civil y organismos internacionales en la formulación de políticas más eficaces y sostenibles. Es fundamental fortalecer la infraestructura carcelaria, incrementar el personal penitenciario y aplicar modelos exitosos de otros países con realidades similares. Además, futuras investigaciones deberían enfocarse en evaluar políticas públicas de rehabilitación y su impacto en la reducción de la reincidencia delictiva, asegurando que las reformas implementadas sean efectivas a largo plazo.

FINANCIAMIENTO

No monetario.

AGRADECIMIENTO

A la Universidad Regional Autónoma de los Andes, en el desarrollo de esta investigación.

REFERENCIAS CONSULTADAS

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Bustos Ramírez , J. (1992). Orden cultural y dominación: La cárcel en las relaciones disciplinarias. https://n9.cl/3wq1t

Fletcher, G. (1997). Conceptos Básicos de Derecho penal. Valencia : Tirant lo Blanch. https://n9.cl/75kms

Kaleidos. (2021). Diagnóstico del Sistema Penitenciario del Ecuador. Quito. https://n9.cl/2s7j3

Fiscalía General del Estado. (2023). 7 procesados por ingreso de artículos prohibidos a la Penitenciaría del Litoral. Boletín de prensa FGE Nº 763-Dc-2023. https://n9.cl/c2u7z

Malla, J. P. (2024). El sistema penitenciario ecuatoriano.Sin luz al final del túnel. FORO. Revista de Derecho. https://n9.cl/f03wi

Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. (2022). Política Pública de Rehabilitación Social 2022 - 2025. Quito . https://n9.cl/nmsyn

Organización de las Naciones Unidas. (2010). Manual de justicia sobre medidas privativas y no privativas de la libertad: El sistema penitenciario y las medidas y sanciones no privativas de la libertad. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Manuales sobre capacitación en justicia penal.

Organización de los Estados Americanos. (2022). Personas Privadas de la Libertad Ecuador. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 41. https://n9.cl/bf7p6

Ortiz-Criollo, W.; López-Soria, Y. (2023). El sistema penitenciario ecuatoriano como barrera y garante de la corrupción en sus centros carcelarios Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas, 6(1), pp.68-76. Universidad Metropolitana Guayaquil, Ecuador., Ecuador. https://n9.cl/daurqj

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