INTRODUCCIÓN

El acoso sexual en el entorno universitario es un problema complejo y transversal que impacta a numerosas mujeres estudiantes en diferentes regiones del Ecuador y del mundo. En el contexto latinoamericano, particularmente en Ecuador, este fenómeno ha sido un asunto clave dentro de debate en los años recientes debido al aumento de la visibilidad de los casos denunciados, así como a las carencias institucionales para prevenirlo y penalizarlo adecuadamente.

La violencia sexual en las universidades no solo viola los derechos humanos de las víctimas, sino que además fomenta una cultura de violencia y desigualdad de género que resulta complicado de erradicar, la falta de medidas con respuestas efectivas ante el acoso sexual, junto con la constancia de una cultura de impunidad, no permite el acceso a la justicia para las víctimas y fomenta la violencia dentro de las universidades (Gutiérrez Gómez, 2009).

En el caso específico de las universidades en Riobamba, la situación es la misma, ya que, aunque existen marcos normativos a nivel nacional e internacional que ordenan la eliminación del acoso sexual, las universidades de la región se enfrentan a desafíos significativos para la aplicación de las políticas efectivas existentes y para garantizar la protección de las víctimas.

En esta investigación se pretende analizar la incidencia del acoso sexual en las universidades de Riobamba, con un punto de vista específico en la cultura de la impunidad y los desafíos para garantizar el acceso a la justicia para las mujeres universitarias. A través de esta investigación, se busca identificar los factores principales que contribuyen a la impunidad en los casos de acoso sexual, tanto dentro del entorno universitario como en el sistema judicial.

De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador (2008), el Estado debe garantizar una vida libre de violencia para las mujeres; aunque, en la práctica, las universidades del Ecuador y específicamente de Riobamba no siempre han tenido éxito en la implementación de las medidas que deberían asegurar la protección de las víctimas.

Según Guarderas et al. (2018), los mecanismos utilizados para una denuncia en las universidades de Riobamba siguen siendo ineficaces, lo que obstaculiza que las víctimas accedan a justicia. Dentro de este informe también se señala la falta de protocolos claros y la casi nula capacitación en género de los miembros de las universidades, lo que aporta a la re-victimización de las mujeres que denuncian acoso.

Específicamente se busca examinar las normativas y políticas existentes en las universidades de Riobamba y su relación con la prevención y penalización del acoso sexual, a pesar de los intentos del Estado y de las universidades para erradicar este tipo de violencia, muchos de los protocolos existentes en las universidades de la ciudad presentan carencias significativas, como la falta de claridad en los procedimientos para presentar una denuncia o la inexistencia de mecanismos efectivos para garantizar la protección de las víctimas (Guarderas & Cuvi, 2020). En este contexto, se analizará la eficacia de las normativas y las medidas implementadas por las universidades, con el fin de conocer e identificar sus puntos débiles y conocer cuáles serían las mejoras que podrían contribuir a la creación de un lugar seguro para todas las estudiantes.

Por otro lado, se analizarán los obstáculos que enfrentan las víctimas de acoso sexual al querer denunciar estos hechos en las universidades. En ese sentido, se dice que en muchas universidades latinoamericanas las mujeres se enfrentan a distintos obstáculos cuando se trata de denunciar el acoso sexual, entre ellos el temor a las represalias, la falta de confianza en los procesos de denuncia y el estigma social vinculado a la denuncia de este tipo de violencia.

Es importante no dejar de lado el impacto psicológico, académico y social del acoso sexual, analizando cómo estas experiencias forman parte negativa dentro de la vida de las víctimas, su bienestar emocional y su desempeño académico. Gutiérrez Gómez (2009), señala que las mujeres que han sufrido acoso sexual en el ámbito educativo experimentan un deterioro considerable en su salud mental y emocional, lo que limita su capacidad para participar plenamente en su vida académica y profesional.

Esta investigación es importante ya que radica en la necesidad urgente de abordar el acoso sexual en las universidades, un fenómeno que no solo afecta a las mujeres desde la perspectiva de violencia de género, sino que también impacta en el nivel académico y en la igualdad de oportunidades.

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ratificada por Ecuador, establece que los Estados deben adoptar medidas efectivas para prevenir, sancionar y erradicar el acoso sexual en todos los contextos, incluyendo también sobre la educación superior (CEDAW, 1979).

En el artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que a todas las personas se les debe garantizar el derecho a vivir una vida libre de violencia, y específicamente, la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Asamblea Nacional del Ecuador, 2018) expresa la consideración sobre el acoso sexual como una forma de violencia que debe ser erradicada. Sin embargo, después de estos avances legislativos, la cultura de la impunidad sigue teniendo relevancia en muchas universidades, lo que contribuye a que las víctimas no denuncien, ya que en la mayoría de los casos no reciben justicia.

Una problemática grave que existe en el Ecuador es la falta de respuesta institucional adecuada ante los casos de acoso sexual, ya que muchas universidades no cuentan con las herramientas necesarias para gestionar de manera adecuada las denuncias (Guarderas & Cuvi, 2020). En este aspecto, el estudio del tema será una herramienta para examinar cómo las universidades de Riobamba, gestionan el acoso sexual y que mejoras se pueden implementar para garantizar un entorno seguro para las mujeres.

Un caso en específico es el de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, en el cual un exdocente fue denunciado por acoso sexual y, tras más de dos largos años de proceso, se logró una resolución judicial, ilustra las dificultades que enfrentan las víctimas al intentar obtener justicia en estos casos.

Según Gutiérrez Gómez (2009), es importante que las universidades implementen programas de sensibilización en género y desarrollen protocolos claros de denuncia que sean accesibles y eficaces, con el fin de erradicar el acoso sexual y garantizar que todas las mujeres tengan derecho a una educación libre de violencia. El objetivo general del estudio estuvo orientado a analizar el acoso sexual en las universidades de Riobamba, con énfasis en la cultura de la impunidad y los desafíos para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas.

MÉTODO

La investigación se apoya en fuentes primarias, tales como la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal (COIP), protocolos universitarios y tratados internacionales como la Convención de Belém do Pará, además de sentencias clave emitidas por tribunales nacionales e internacionales (Asamblea Nacional del Ecuador, 2014). También se incorporarán fuentes secundarias, incluyendo artículos académicos, libros especializados, informes de entidades nacionales e internacionales (como la Defensoría del Pueblo, ONU Mujeres, CIDH), y estudios previos sobre acoso sexual y justicia de género. Para la recolección y análisis de datos, se utilizarán bases de datos digitales como Scopus, SciELO y repositorios académicos, complementados con entrevistas semiestructuradas, encuestas estructuradas y el análisis de documentos institucionales, normativos y judiciales pertinentes.

En la investigación utilizo un enfoque metodológico mixto que combina análisis cuantitativo y cualitativo. Con respecto al enfoque cuantitativo, se centró en recopilar datos estadísticos sobre la aparición de acoso sexual en la Universidad de Riobamba. Este método mide la frecuencia, los tipos de acoso y las respuestas institucionales. Por su parte, el enfoque cualitativo, se encargó de explorar la noción, la experiencia y las opiniones sobre las víctimas de acoso sexual, así como expertos en derechos humanos, psicólogos y funcionarios universitarios. Intentará entender cómo estas mujeres viven la cultura con impunidad y obstáculos para condenar.

El método con el cual se trabajo fue descriptivo se utilizó para describir el acoso sexual en el fenómeno de la universidad en el contexto de Riobamba. Utilizando este método, acoso sexual, manifestaciones de circunstancias y factores sociales que se analizarán para siempre, así como las reacciones y respuestas de las instituciones educativas antes de las quejas. Los estudios descriptivos también nos brindarán la oportunidad de poder estudiar los efectos psicológicos, físicos, académicos y sociales del acoso de las víctimas y determinar las consecuencias de este tipo de violencia en las mujeres universitarias.

De igual manera, se utilizó el método casuístico se aplicará para examinar situaciones particulares y representativas sobre el acoso sexual en las universidades de Riobamba, incluyendo el caso de Ernesto Bonilla, quien fue condenado por acoso sexual en el contexto universitario. Este método proporciona la oportunidad de investigar en profundidad un caso específico, ofreciendo una comprensión más detallada de los procedimientos legales, los obstáculos institucionales y las relaciones de poder presentes en estas situaciones. Asimismo, se podrá analizar cómo las instituciones de justicia y las universidades responden a casos parecidos, permitiendo así detectar las carencias en la salvaguarda de los derechos de las víctimas y las causas por las que la cultura de la impunidad continúa existiendo en los espacios académicos.

RESULTADOS

El Acoso Sexual en el Contexto Universitario: Definición y Perspectivas

El acoso sexual en las universidades ecuatorianas es una problemática significativa que afecta principalmente a mujeres estudiantes, pero también a otros miembros de la comunidad universitaria. La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021) define el acoso sexual como cualquier comportamiento de índole sexual no deseado que cause daño, angustia o incomodidad en la víctima y este comportamiento se puede manifestar de varias formas dentro del contexto universitario, y se clasifica principalmente en tres tipos: verbal, físico y psicológico.

El acoso verbal incluye comentarios, bromas o insinuaciones sexuales inapropiadas que afectan la dignidad de las víctimas, el acoso físico implica tocamientos o avances no deseados que invaden la privacidad de la persona, mientras que el acoso psicológico se refiere a la manipulación emocional, amenazas o chantajes para obtener favores sexuales a cambio de beneficios académicos.

Se considera que el acoso sexual es una forma de violencia contra las mujeres y que puede manifestarse con normalidad en los currículos académicos, en las discusiones y debates en las aulas universitarias, siendo un mecanismo de subordinación y opresión hacia las mujeres que se vive en el día a día universitario” (Guarderas et al., 2018). Al comprender que el acoso sexual es una forma de violencia debemos recalcar que por violencia estamos abarcando toda acción en el cual se involucre tanto el maltrato físico, psicológico como sexual.

Todos estos tipos de violencia hoy en día se han posicionado como una realidad continua que viven las mujeres dentro de las aulas de clase por el hecho de creerlas del “género débil” y por pretender que el poder tiene el control, es así como muchos toman como referencia que el acoso sexual está directamente relacionado con el poder ya que mucho lo ven de forma que el problema no se centra dentro del carácter sexual y que al contrario es un asunto de poder.

La falta de protocolos adecuados de denuncia y la impunidad prevalente en muchas universidades contribuyen a que muchos casos queden sin resolver y este vacío institucional no solo perpetúa la cultura de la impunidad, sino que también refuerza el temor de las víctimas a denunciar, ya que muchas veces las universidades no ofrecen un sistema de apoyo efectivo para las personas afectadas.

En Riobamba, las universidades como la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH) han enfrentado críticas por su falta de medidas eficaces para enfrentar el acoso sexual. Al respecto, las universidades ecuatorianas, incluida la de Riobamba, deben revisar y fortalecer sus políticas de prevención, denuncia y sanción para garantizar que se erradique este tipo de violencia de género, en muchas ocasiones, las víctimas prefieren no denunciar por miedo a las represalias o por la desconfianza en las autoridades universitarias, lo que alimenta aún más la cultura de la impunidad.

Es fundamental que las universidades de Ecuador, incluida la de Riobamba, implementen medidas más claras y efectivas para abordar el acoso sexual y esto incluye no solo crear protocolos de denuncia que sean accesibles y eficaces, sino también sensibilizar a la comunidad universitaria sobre la importancia de erradicar el acoso sexual, ya que un entorno académico debe ser seguro y respetuoso, y las instituciones deben asumir su responsabilidad en la protección de todos los miembros de la comunidad. Las universidades deben promover la igualdad y garantizar que cualquier tipo de abuso o violencia sexual sea sancionado de manera firme y rápida.

La cultura de la impunidad: concepto y efectos en el sistema judicial y educativo

La cultura de la impunidad es un fenómeno que se refiere a la tolerancia o indiferencia hacia los delitos y abusos, especialmente en situaciones donde las instituciones encargadas de impartir justicia no actúan de manera efectiva ante casos de violencia, en el ámbito universitario, esta cultura se refleja en la ausencia de castigos y en la protección de los agresores, lo que facilita la continuidad del acoso sexual y otras formas de violencia de género sin que se apliquen consecuencias.

La ausencia de sanciones no solo incrementa la sensación de vulnerabilidad, sino que también debilita la confianza en las instituciones educativas y en el sistema judicial en su conjunto, cuando las mujeres no reciben el apoyo necesario, pueden percibir que sus denuncias no son tomadas en serio, lo que las lleva a abandonar sus estudios o a optar por no reportar los abusos que padecen y esta desconfianza se convierte en un obstáculo para acceder a la justicia y contribuye a mantener un ambiente violento.

La ausencia de sanciones institucionales favorece la continuidad de las conductas violentas y del acoso sexual dentro de los espacios universitarios, debido a que la falta de consecuencias legitima socialmente estas prácticas y desalienta las denuncias por parte de las víctimas. En el contexto ecuatoriano, diversos estudios evidencian que las universidades aún presentan limitaciones en la aplicación efectiva de protocolos y medidas disciplinarias frente al acoso sexual, lo cual perpetúa dinámicas de impunidad y normalización de la violencia de género (Guarderas & Cuvi, 2020).

Este ciclo de impunidad desalienta a las víctimas a presentar denuncias, lo que dificulta aún más la eliminación del problema, la cultura de la impunidad en el sistema judicial y educativo también limita la capacidad de las instituciones para generar un ambiente seguro y respetuoso para todos los estudiantes, lo que contribuye a la perpetuación de la violencia de género en el ámbito académico.

Barreras para la denuncia: factores sociales e institucionales

Existen infinidad de barreras que limitan a las mujeres universitarias a denunciar, es un problemática que persiste ya que estas barreras a las que se enfrentan la víctimas son diversas y se podrían clasificar tanto dentro de los factores sociales, como es el miedo a la represarías e incluso por la presión social a la que se expondrían, así como los factores institucionales que como ya hemos visto dejan vulnerables a las víctimas al no dar el apoyo efectivo necesario, así también la ineficacia al no tienen protocolos adecuados establecidos en casos de violencia. Sin embargo, una de las barreras más grandes a las que se enfrentan es al mismo sistema judicial, ya que el acceso a la misma se dificulta por su ineficacia y lentitud dentro de los procesos, dando paso a la cultura de la impunidad y así normalizando la violencia dentro del ámbito académico.

Existen numerosas barreras sociales que impiden a las víctimas de abuso sexual en Riobamba denunciar el delito miedo a la represalia, la vergüenza, la falta de confianza en las autoridades y la normalización de la violencia son algunos de los factores que contribuyen a este silencio (Briceño, 2024). Es inaceptable que ahora las víctimas son las que temen denunciar por miedo a que sean minimizadas o desestimadas lo que conlleva a una percepción de que poner una denuncia va a ser una pérdida de tiempo. Además, la cultura de la impunidad y la estigmatización social de igual manera pueden generar desconfianza en el sistema de justicia, lo que desincentiva aún más la denuncia de estos casos.

Otro factor importante para recalcar es la falta de protocolos adecuados en las universidades para la prevención y el manejo de denuncias de acoso sexual. Según el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES, 2023), actualmente, 16 universidades y escuelas politécnicas públicas y 6 universidades cofinanciadas cuentan con un protocolo de prevención de violencia de género, 8 universidades privadas también lo tienen. Sin embargo, la existencia de protocolos no garantizará su adecuada aplicación, ya que muchas universidades carecen de mecanismos de control y de personal capacitado para gestionar estas denuncias de manera efectiva, por lo tanto, las víctimas pueden enfrentar procesos administrativos prolongados, revictimización y falta de sanciones contra los agresores, lo que desmotiva la denuncia y fortalece la impunidad.

Según Briceño (2024), la ausencia de procedimientos específicos y personal capacitado para atender denuncias de acoso sexual en las universidades crea un ambiente donde las víctimas se sienten desprotegidas y desalentadas a buscar justicia. Por su parte, Alonso-Ruido et al. (2021), con relación a esta problemática, afirman que es importante que las universidades implementen protocolos claros, efectivos y accesibles, así como programas de sensibilización que fomenten una cultura de respeto y equidad de género. Además, es necesario establecer mecanismos de monitoreo y sanción que garanticen la aplicación efectiva de estos protocolos, asegurando así la protección de las víctimas y la erradicación de la impunidad.

DISCUSIÓN

Al analizar el caso de Ernesto B. T., exdocente de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH), se pone de manifiesto la problemática del acoso sexual en el ámbito universitario y la persistente cultura de impunidad en Ecuador. Su proceso judicial, que incluyó la restitución de sus derechos laborales en 2023 y su posterior sentencia en 2025, revela las falencias del sistema de justicia y la falta de mecanismos efectivos dentro de las universidades para abordar la violencia de género y en este caso no solo expone la vulnerabilidad de las mujeres universitarias ante el acoso, sino también la falta de respuesta institucional para garantizar su seguridad y acceso a la justicia.

Uno de los principales problemas identificados en este caso es la revictimización de las denunciantes. La decisión judicial que permitió el regreso del docente a la universidad, a pesar de las denuncias en su contra, envió un mensaje desalentador para las víctimas de violencia sexual, quienes a menudo eligen el silencio por temor a represalias y a la falta de protección efectiva, esta situación muestra cómo la impunidad y la permisividad institucional contribuyen a la perpetuación del acoso en el ámbito educativo, donde las denuncias no siempre resultan en sanciones justas y los agresores pueden incluso reincorporarse a sus funciones sin consecuencias inmediatas.

Este caso también pone en evidencia la fragilidad de los protocolos de prevención y sanción del acoso en las universidades de Ecuador. A pesar de la existencia de normativas nacionales e internacionales que buscan eliminar la violencia de género, muchas instituciones de educación superior no cuentan con mecanismos adecuados para recibir denuncias ni para proteger a las víctimas, la falta de formación en temas de género dentro de la gestión universitaria, junto con la ausencia de apoyo psicológico y legal para quienes denuncian, crea un ambiente hostil en el que el acoso sexual se invisibiliza y se normaliza.

Las reacciones sociales frente a este caso también han sido fundamentales para evidenciar la necesidad de reformas en la lucha contra la impunidad en casos de acoso sexual, las protestas de colectivos feministas, estudiantes y organizaciones de derechos humanos tras la restitución del docente en 2023 subrayaron la desconfianza en el sistema judicial y la exigencia de protocolos efectivos dentro de las universidades y estas movilizaciones fueron clave para visibilizar el problema y presionar por cambios estructurales que protejan a las víctimas y sancionen a los agresores de manera efectiva.

Para combatir la impunidad y garantizar justicia para las mujeres universitarias en Riobamba, es fundamental que las universidades adopten protocolos estrictos de prevención y sanción del acoso sexual, asegurando que las denuncias sean atendidas con rapidez y sin revictimización. Asimismo, el sistema judicial debe agilizar los procesos y garantizar sanciones proporcionales al daño causado, evitando decisiones que perpetúen la violencia y desalienten a las víctimas a buscar justicia. La implementación de programas de sensibilización en género dentro de las instituciones de educación superior también es crucial para erradicar la normalización del acoso y fomentar un entorno de respeto e igualdad.

CONCLUSIONES

El acoso sexual en las universidades de Riobamba es un problema que refleja la profunda desigualdad de género y la cultura de la impunidad que impide el acceso a las universidades en las mujeres. Comprender los diferentes tipos de acoso, verbal, física y psicológicamente, es importante para dimensionar el tamaño del problema y sus consecuencias en el entorno académico. Sin embargo, la resistencia de la impunidad en el sistema legal y educativo contribuye a la preservación de esta agresión, lo que debilita la confianza de las víctimas de las autoridades responsables de su protección.

Los obstáculos de la queja, como el miedo a la venganza, la normalización del acoso y la falta de mecanismos de atención efectivos, demuestran restricciones estructurales que enfrentan los estudiantes en busca de justicia y a pesar de la existencia de política y protocolos en algunas universidades de Riobamba, su implementación aún carece de su impacto en la prevención y la gestión adecuadas de estos casos. Además, la reacción del sistema de justicia sigue siendo insuficiente, lo que fortalece la percepción de la impunidad y desalienta la queja.

El apoyo institucional y social juega un papel clave en la protección y acompañado de víctimas. Sin embargo, la disponibilidad y la eficiencia de estos recursos siguen siendo diferentes, dejando a muchos estudiantes en una situación de vulnerabilidad y dentro este contexto, es imperativo fortalecer la política universitaria, garantiza un acceso efectivo a la justicia y promueve la cultura de tolerancia cero contra el acoso sexual.

FINANCIAMIENTO

No monetario.

AGRADECIMIENTO

A la Universidad Regional Autónoma de los Andes, en el desarrollo de esta investigación.

REFERENCIAS CONSULTADAS

Alonso-Ruido, P., Martínez-Román, R., Rodríguez-Castro, Y., & Carrera-Fernández, M. V. (2021). El acoso sexual en la universidad: la visión del alumnado. Revista Latinoamericana de Psicología, 53, 1-10. https://n9.cl/bthj3

Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador. (2008). CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008. Registro Oficial 449 de 20-oct-2008. https://n9.cl/hd0q

Asamblea Nacional de Ecuador. (2014). Código Orgánico Integral Penal, Quito: Lexis. https://n9.cl/s1o44

Asamblea Nacional del Ecuador. (2018). Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Registro Oficial Suplemento 175. https://n9.cl/h7v9h

Briceño, R. (2024). Justicia y abuso sexual: Un análisis de las formas de abuso contra las mujeres entre 18 y 25 años en el contexto de Riobamba, año 2022. Universidad Nacional de Chimborazo. https://n9.cl/a6xhf

CACES. (2023). La academia presenta estudio para la medición de la prevalencia del acoso sexual en las instituciones de educación superior. Consejo de Aseguramiento de la calidad de la Educaión Superior. https://n9.cl/i2qq8g

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Guarderas, P., Larrea, M., Cuvi, J., Vega, C., Reyes, C., Bichara, T., Arteaga, E. (2018). Acoso sexual en las universidades ecuatorianas. Ecuador: Alteridad; revista de educación. https://n9.cl/jbk4qk

Guarderas, P., & Cuvi, J. (Coords.). (2020). ¿Cómo se mide el acoso sexual? Aportes para determinar la prevalencia del acoso sexual en las instituciones de educación superior. Editorial Abya-Yala. SciELO Books.

Gutiérrez Gómez, J. (2009). El acceso a la justicia de mujeres que viven en situación de violencia. Revista Venezolana de Estudios de la Mujer, 14(32), 43-52. https://n9.cl/iw0rc8

OMS. (2021). Violencia contra la mujer. https://n9.cl/uqrs

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