INTRODUCCIÓN
La Amazonía ecuatoriana, reconocida por su vasta biodiversidad y riqueza cultural, ha enfrentado desafíos significativos debido a la expansión de actividades extractivas, especialmente la minería ilegal. Esta práctica no solo ha generado conflictos socio ambientales, sino que también ha puesto en tensión la coexistencia entre la justicia ordinaria y la justicia indígena en la provincia de Pastaza. Llegando a conflictos jurisdiccionales en la gestión de la minería ilegal la expansión de la minería ilegal ha exacerbado los conflictos entre la justicia ordinaria y la justicia indígena. Mientras el Estado ecuatoriano, a través de la justicia ordinaria, busca regular y sancionar la minería ilegal conforme al Código Orgánico Integral Penal (2014), las comunidades indígenas reivindican su derecho a administrar justicia en sus territorios según sus normas ancestrales. Esta dualidad jurídica, reconocida en la Constitución de 2008, ha generado desafíos en la coordinación y aplicación efectiva de la justicia en casos relacionados con la minería ilegal.
La Constitución de Ecuador define al país como un Estado plurinacional e intercultural. Esto significa que el Estado reconoce oficialmente el pluralismo jurídico, es decir, la coexistencia de dos sistemas de justicia con el mismo valor legal dentro de un mismo territorio: el sistema ordinario (jueces y tribunales estatales) y el sistema indígena (autoridades comunitarias que aplican saberes y costumbres ancestrales) (Chimbo-Chimbo et al.,2025).
Aunque la Constitución de 2008 reconoce constitucionalmente a la justicia indígena y le otorga la misma validez que a la ordinaria, existe un vacío legal y procedimental importante, al no existir una ley de coordinación y cooperación debidamente estructurada, ambos sistemas operan de forma aislada, lo que genera conflictos de competencia (disputas sobre qué sistema debe juzgar determinado delito) (Chicaiza-Chiluisa et al.,2025).
En tal sentido, al no existir códigos escritos ni una delimitación clara en la ley sobre qué delitos específicos puede o no juzgar la comunidad (especialmente en casos graves como homicidios), se genera una profunda inseguridad jurídica. Esto provoca que el sistema ordinario intervenga con frecuencia para anular o reabrir casos ya resueltos en el ámbito indígena. (Jiménez Torres et al.,2021).
En tal sentido, el alcance de las decisiones de las autoridades comunitarias, se destaca que, si bien la Constitución otorga amplias facultades, la falta de una ley de coordinación deja en el aire los límites exactos de qué casos le corresponden a cada sistema, por ejemplo, en la práctica de Agato, la comunidad suele resolver conflictos internos (tierras, disputas familiares, hurtos menores) con eficacia, pero la frontera se vuelve difusa ante delitos más complejos. (Girón-Ontaneda et al.,2024).
Para García. (2020), la justicia indígena no puede entenderse únicamente como un conjunto de procedimientos o castigos, sino como la expresión de una filosofía de vida basada en el Sumak Kawsay (Buen Vivir) y en principios ancestrales como la reciprocidad, la complementariedad y la correspondencia. Mientras la justicia ordinaria busca castigar al culpable bajo una lógica punitiva e individualista, la justicia indígena busca restaurar el equilibrio y la armonía de toda la comunidad.
Por otro lado, la falta de regulaciones y el vacío legal sobre la minería ilegal en la Amazonía ecuatoriana han sido factores clave en la exacerbación de estos problemas. Aunque el Código Orgánico Integral Penal (2014) establece sanciones para la minería ilegal, las políticas gubernamentales en torno a la minería en la región no han sido efectivas para detener su expansión. La falta de presencia del Estado en zonas remotas como la región amazónica ha permitido que los mineros ilegales operen con relativa impunidad, mientras que los esfuerzos por regular la minería formal siguen siendo insuficientes. Esto ha dejado a las comunidades indígenas atrapadas entre las amenazas ambientales y la necesidad de defender sus derechos y territorios.
La articulación de la justicia ordinaria y la justicia indígena, bajo un modelo de justicia intercultural, se presenta como una posible solución para abordar de manera efectiva los desafíos que plantea la minería ilegal, promoviendo la preservación del medio ambiente y el respeto de los derechos de las comunidades indígenas en la Amazonía ecuatoriana.
Por lo tanto, la declinación de competencia es el termómetro que mide qué tan real es el pluralismo en Ecuador. La Sentencia 134-13-EP/20 actúa como una guía esencial para que los jueces ordinarios dejen de actuar bajo una lógica colonial y reconozcan a la justicia indígena como una jurisdicción con plenas facultades, siempre que se respeten los límites de la dignidad humana. (Vaca Laica, & Silva Barrera,2025).
Se plantea como objetivo general de la investigación analizar la articulación de la justicia ordinaria y justicia indígena ante problemas de minería ilegal en Pastaza.
MÉTODO
La investigación utiliza el método cuantitativo el cual produce datos descriptivos, que se originan por la recolección de datos. Apoyado en la revisión documental-bibliográfica. Se realiza la revisión de artículos arbitrados, y leyes. Además, se emplea el método inductivo-deductivo, el cual sugiere que para encontrar una verdad se deben buscar los hechos y no basarse en meras especulaciones, conjuntamente a partir de afirmaciones generales para llegar a específicas (Dávila, 2006). Se plantea además el método analítico-sintético por medio del cual, se descompone un todo en partes extrayendo cualidades, componentes, relaciones y más para posteriormente unir las partes analizadas y con ello descubrir características y relaciones entre los elementos (Rodríguez y Pérez, 2017). Además, se realiza encuestas a líderes indígenas de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), representantes del Consejo de la Judicatura y expertos en derecho ambiental.
RESULTADOS
Se presenta a continuación los resultados obtenidos luego del desarrollo del método planteado por los investigadores.
1. ¿Conoce la diferencia entre la justicia ordinaria y la justicia indígena en Ecuador?
Figura 1. Diferencia entre justicia indígena y ordinaria.
Elaboración: Los autores.
2. ¿Qué mecanismos considera más efectivo para resolver los conflictos generados por la minería ilegal?
Figura 2. Mecanismos efectivos en la resolución de conflictos.
Elaboración: Los autores.
3. ¿Cómo considera que la minería ilegal ha afectado a su ambiente en Pastaza?
Figura 3. Minería ilegal y afectación ambiental.
Elaboración: Los autores.
4. ¿Considera que el Estado debería trabajar en conjunto con las comunidades indígenas para desarrollar un modelo de justicia intercultural?
Figura 4. Trabajo en conjunto.
Elaboración: Los autores.
DISCUSIÓN
De acuerdo al gráfico 1, se muestra el nivel de conocimiento sobre las diferencias entre ambos sistemas. En concordancia con Chimbo-Chimbo et al. (2025), se observa que, aunque existe un reconocimiento formal, la distinción operativa no siempre es clara para la ciudadanía o los actores locales. Esta confusión es peligrosa en contextos de minería ilegal, donde la falta de claridad sobre, quién debe actuar, permite que las actividades ilícitas avancen en los vacíos de autoridad. La articulación no puede existir sin una alfabetización jurídica previa que respete, como dice García (2020), la cosmovisión de los pueblos de Pastaza.
Los resultados del Gráfico 2 sugieren una preferencia por mecanismos que combinen la fuerza estatal con el control comunitario. Esto dialoga directamente con la postura de Vaca Laica & Silva Barrera (2025) sobre la declinación de competencia. Para los conflictos de minería ilegal, la justicia ordinaria suele ser lenta y percibida como externa, mientras que la justicia indígena ofrece una respuesta inmediata de protección territorial. La articulación efectiva requiere que el Estado no solo "permita" actuar a las comunidades, sino que respalde sus decisiones de expulsión de mineros ilegales.
El Gráfico 3 confirma una percepción de afectación ambiental severa. Aquí, la discusión debe centrarse en lo que Jiménez Torres et al. (2021) señalan como los límites de la justicia: en Pastaza, la vulneración no es solo a principios abstractos, sino al derecho a la naturaleza. La minería ilegal no solo contamina ríos, sino que rompe el equilibrio del Sumak Kawsay. La articulación es, por tanto, una necesidad de supervivencia biológica y no solo un requisito legal.
La abrumadora respuesta a favor del trabajo conjunto en el Gráfico 4 valida las propuestas de Chicaiza-Chiluisa et al. (2025). Los habitantes de Pastaza no buscan que un sistema reemplace al otro, sino una estructuración donde: La Justicia Indígena aporte el control territorial y la vigilancia inmediata. La Justicia Ordinaria aporte la capacidad de procesar a las mafias externas y grandes capitales tras la minería.
La articulación en Pastaza debe superar el "eurocentrismo jurídico" denunciado por los autores consultados. La minería ilegal es un problema transnacional que se combate localmente; por ello, la sentencia 134-13-EP/20 mencionada en los textos es la llave maestra: los jueces en Pastaza deben aprender a declinar competencias o coordinar con las nacionalidades indígenas para que la sanción al minero ilegal sea efectiva tanto en el código penal como en la armonía comunitaria. La falta de articulación actual es el principal aliado de la minería ilegal. Solo mediante un modelo de coordinación técnica y respeto cultural se podrá proteger el ecosistema de Pastaza y garantizar la seguridad jurídica de sus habitantes. La minería ilegal en la Amazonía ecuatoriana, especialmente en la provincia de Pastaza, constituye una problemática crítica tanto desde el ámbito ambiental como jurídico. Los resultados demuestran un marcado aumento en la deforestación y contaminación de ríos, con pérdidas significativas de cobertura vegetal en áreas protegidas.
CONCLUSIONES
La coexistencia entre la justicia ordinaria y la justicia indígena subraya la necesidad de un enfoque intercultural que permita articular normas y políticas públicas dirigidas a combatir la minería ilegal y proteger los derechos de los pueblos originarios y garantizar la preservación del medio ambiente. La implementación de políticas integradoras y el fortalecimiento del control estatal son fundamentales para revertir los daños y promover un desarrollo sostenible que respete tanto la riqueza natural como la cultural de la Amazonía ecuatoriana.
FINANCIAMIENTO
No monetario.
AGRADECIMIENTO
A la Universidad Regional Autónoma de los Andes sede Puyo, en el desarrollo de la investigación.
REFERENCIAS CONSULTADAS
Asamblea Nacional (2014). Código Orgánico Integral Penal. Registro Oficial Nº 180. https://url2.cl/53c6h
Asamblea Nacional Constituyente de la República del Ecuador, (2008). Constitución de la República del Ecuador. Montecristi. Registro Oficial 449 de 20-oct-2008. https://n9.cl/sia
Chicaiza-Chiluisa, J. A., Alfonso-González, I., & Espinosa-Pico, P. E. (2025). Estructuración entre justicia indígena y sistema judicial ecuatoriano: propuestas de protección a derechos. Verdad y Derecho. Revista Arbitrada de Ciencias Jurídicas y Sociales, 4, 517-514. https://doi.org/10.62574/b3rpgt11
Chimbo-Chimbo, S., Infante-Miranda, M., & Montecé-Giler, S. (2025). Sistema de justicia indígena y el sistema de justicia ordinaria en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Noesis, 7(esp2), 502-517. https://doi.org/10.35381/noesisin.v7i2.601
Dávila Newman, G. (2006). El razonamiento inductivo y deductivo dentro del proceso investigativo en ciencias experimentales y sociales. Laurus, 12(Ext),180-205. https://n9.cl/nx847
García, B. (2020). La administración de justicia indígena en Ecuador, un enfoque desde su cosmovisión. Revista Científica UISRAEL, 7(2), 57-74. https://doi.org/10.35290/rcui.v7n2.2020.266
Girón-Ontaneda, V. M., Hidalgo-Heredia, C. I., De La Portilla-Romo, S. X., & Núñez-Sanabria, J. E. (2024). Competencia de la justicia indígena en relación con la justicia ordinaria, Agato, Imbabura, Ecuador. IUSTITIA SOCIALIS, 9(1), 93–102. https://doi.org/10.35381/racji.v9i1.3447
Jiménez Torres, H., Viteri Naranjo, B., & Mosquera Endara, M. (2021). La justicia indígena y la violación de los principios contemplados en la constitución del Ecuador. Revista Universidad y Sociedad, 13(2), 176-183. https://n9.cl/fdomh
Rodríguez Jiménez, A., y Pérez Jacinto, A. O. (2017). Métodos científicos de indagación y de construcción del conocimiento. Revista Ean, (82),175–195. https://doi.org/10.21158/01208160.n82.2017.1647
Vaca Laica, M. A., & Silva Barrera, E. P. (2025). La declinación de competencia de la justicia ordinaria en favor de la justicia indígena en análisis con la sentencia No. 134-13-EP/20. Ciencia y Educación, 6(9.3), 193 - 209. https://doi.org/10.5281/zenodo.18124997
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