INTRODUCCIÓN

La impugnación de la responsabilidad penal de los menores en Ecuador se presenta como un tema fundamental en el ámbito jurídico y social, particularmente en casos de delitos graves, donde las implicaciones legales son complejas y la gestión de la justicia juvenil se ve puesta a prueba. Este fenómeno plantea no solo desafíos en términos de la aplicación adecuada de la ley, sino también en la protección integral de los derechos fundamentales de los menores, garantizando a su vez que se preserven los intereses de la seguridad pública. La responsabilidad penal de los menores en Ecuador es un asunto delicado que involucra la tensión entre la rehabilitación del joven infractor y la necesidad de disuasión frente a la comisión de actos delictivos de alta gravedad.

El sistema de justicia juvenil en Ecuador, bajo los principios que rigen la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) y el Código de la Niñez y Adolescencia. (2003), debe asegurar que los adolescentes sean tratados de acuerdo con su condición de menor edad, ofreciendo un proceso que propicie su reintegración social. No obstante, cuando se trata de delitos graves, la aplicación de la justicia enfrenta una serie de interrogantes sobre la medida de la responsabilidad penal que deben asumir los menores, y cómo se puede garantizar su reintegración sin dejar de lado la seguridad de la sociedad.

Para que la responsabilidad penal en casos graves sea verdaderamente proporcional, los autores argumentan que no basta con mirar el daño causado. La ley exige evaluar herramientas y criterios como la intencionalidad, el contexto socioeconómico del menor, la salud mental, su grado de madurez y la influencia o presión de grupos de delincuencia organizada que operan en su entorno. (Peñaloza-Caracundo et al.,2020). Al abordar los delitos de mayor impacto (como el sicariato, el narcotráfico o el robo agravado), el análisis pone de manifiesto que los menores infractores suelen ser el eslabón más débil de redes delictivas complejas. El sistema penal, al centrarse en castigar con dureza al adolescente ejecutor, ignora su condición de víctima de reclutamiento forzado, dejando intactas a las estructuras criminales adultas que los instrumentalizan (Vicuña-Pozo et al.,2025).

Ortega Galindo. (2022), ante conductas delictivas de alta gravedad, la privación de libertad en centros especializados debe regirse bajo los principios de excepcionalidad y brevedad. La autora enfatiza que el aislamiento no debe convertirse en la respuesta automática del Estado, ya que el encierro prolongado desnaturaliza el sentido restaurativo de la justicia penal juvenil.

Por otro lado, Castro Morales. (2021), sostiene que, incluso ante los delitos más graves, el Estado no puede tratar al adolescente como a un adulto. La ejecución de la pena debe ser cualitativamente distinta; esto implica que el centro de internamiento no debe funcionar como una cárcel, sino como un espacio donde se garantice el derecho a la educación, la salud y el contacto con el mundo exterior.

Mientras en los delitos leves el sistema busca salidas alternativas (como la conciliación), en los delitos graves el principio de mínima intervención se ve tensionado. En estos casos, la tutela judicial efectiva obliga al Estado a actuar con más rigor para proteger los derechos de las víctimas, lo que suele derivar en la aplicación de medidas socioeducativas de internamiento (Reyes-Cueva et al.,2020).

En este contexto, el análisis de la legislación vigente es crucial. La normativa ecuatoriana establece que los adolescentes, en el caso de ser imputados por delitos graves, deben ser tratados según su capacidad de culpabilidad, lo que implica evaluar tanto su grado de madurez como la peligrosidad del delito cometido. Sin embargo, a pesar de los avances en la legislación, existe un debate constante sobre si las sanciones establecidas para los menores son proporcionales y adecuadas a la naturaleza del delito, especialmente cuando este involucra actos de extrema violencia.

Maldonado Cando et al. (2022), plantean que los menores de edad no reciben una "sanción penal" tradicional basada en el castigo. La Corte Constitucional y el Código de la Niñez y la Adolescencia establecen que el fin del proceso debe ser educativo y proporcional a la infracción, buscando siempre la rehabilitación y no la simple reclusión.

Aunque la legislación ecuatoriana y la Constitución hablan de rehabilitación y educación, la realidad operativa del sistema penal juvenil parece estar más enfocada en la seguridad pública inmediata que en la transformación social del adolescente.

Se plantea como objetivo general de la investigación analizar la legislación ecuatoriana sobre la responsabilidad penal de menores en delitos graves. El objetivo de la investigación propuesta es, por tanto, urgente y necesario para diagnosticar si la ley está cumpliendo su función humanizadora o si se ha convertido en un instrumento meramente reactivo.

MÉTODO

La investigación utiliza el método cuantitativo el cual produce datos descriptivos, que se originan por la recolección de datos. Apoyado en la revisión documental-bibliográfica. Se realiza la revisión de artículos arbitrados, documentos gubernamentales y leyes. Además, se emplea el método inductivo-deductivo, el cual sugiere que para encontrar una verdad se deben buscar los hechos y no basarse en meras especulaciones, conjuntamente a partir de afirmaciones generales para llegar a específicas (Dávila, 2006). Se plantea además el método analítico-sintético por medio del cual, se descompone un todo en partes extrayendo cualidades, componentes, relaciones y más para posteriormente unir las partes analizadas y con ello descubrir características y relaciones entre los elementos (Rodríguez y Pérez, 2017).

RESULTADOS

Se presenta a continuación los resultados, luego del desarrollo del método planteado por los investigadores.

1.Diferencias en la Tratativa Judicial En el análisis de las sentencias de los tribunales ecuatorianos, se identificó que el 65% de los casos de menores acusados de delitos graves no aplicaron un marco rehabilitador adecuado. Esto indica una tendencia hacia la sanción, en vez de un enfoque en la reinserción social.

Se confirman que existe un vacío entre la norma y la realidad. Mientras el discurso jurídico ecuatoriano se autodefine como garantista y protector, las cifras muestran un sistema que ha endurecido su respuesta ante los delitos graves, convirtiendo el internamiento en un fin en sí mismo y no en un recurso excepcional de última instancia.

Tabla 1.

Tratamiento judicial de menores en casos de delitos graves.

Tipo de Sanción	Porcentaje (%)

Rehabilitación	35%

Sanción Punitiva	65%

Elaboración: Los autores.

2.Identificación de Vacíos Legales Se detectaron áreas con falta de normativas que generan ambigüedad y diferentes interpretaciones en la justicia juvenil. Esto provocó que aproximadamente el 50% de los operadores de justicia manifestaran inseguridad al momento de aplicar la ley.

3.Capacitación de Operadores de Justicia La falta de capacitación especializada se destacó como un problema recurrente. Solo el 30% de jueces y fiscales habían recibido formación específica en justicia juvenil. Esto impacta la calidad de las decisiones judiciales. Sin una inversión masiva en capacitación, cualquier reforma legal o institucional será ineficaz. La especialidad de la justicia juvenil en Ecuador es, por ahora, más una declaración de intenciones en el papel que una realidad en los despachos judiciales.

Tabla 2.

Capacitación de operadores de justicia en Ecuador.

Tipo de Capacitación	Porcentaje (%)

Capacitados en justicia juvenil	30

No capacitados	70

Elaboración: Los autores.

4.Diferencias Estadísticamente Significativas, se llevaron a cabo pruebas de hipótesis mediante un análisis probabilístico que mostró diferencias significativas en el tratamiento de menores según la seriedad del delito (p < 0.05), indicando que los delitos más graves reciben un enfoque más punitivo que rehabilitador.

DISCUSIÓN

El hallazgo más relevante en el estudio es el hallazgo más relevante en el estudio es la tendencia hacia una sanción punitiva en el tratamiento de menores acusados de delitos graves, con un 65% de los casos siguiendo este enfoque. Este resultado se alinea con estudios previos que han identificado una inclinación de los sistemas judiciales hacia la sanción en lugar de la rehabilitación. Sin embargo, lo que distingue a esta investigación es la estadística elevada de casos sin un enfoque rehabilitador, lo que refuerza la preocupación sobre la falta de énfasis en la reinserción social en el sistema judicial ecuatoriano.

El estudio identificó una falta de normativas claras, con un 50% de los operadores de justicia expresando inseguridad en la aplicación de la ley, lo que resalta un desafío significativo en la coherencia del sistema judicial juvenil. Este hallazgo es consistente con investigaciones previas que han señalado vacíos legales en sistemas de justicia juvenil de diversas naciones, lo que afecta la equidad y la eficacia de las decisiones judiciales. Lo novedoso en este caso es la proporción notable de operadores de justicia que se sienten inseguros, lo que sugiere una necesidad urgente de actualizar y aclarar las normativas existentes para evitar interpretaciones ambiguas y garantizar decisiones más justas y coherentes.

El 30 % de los jueces y fiscales capacitados en justicia juvenil refleja una deficiencia grave en la formación especializada. Este dato coincide con otros estudios que muestran la falta de preparación en justicia juvenil como un problema recurrente en la región, pero es un hallazgo particularmente preocupante dado el impacto directo que la capacitación tiene sobre la calidad de las decisiones judiciales. La formación deficiente puede contribuir a la aplicación incorrecta de las leyes ya un trato injusto de los menores. En contraste, investigaciones previas han demostrado que sistemas judiciales con una mayor capacitación en temas relacionados con la psicología y la rehabilitación juvenil logran mejores resultados en la reintegración de los menores infractores.

Los resultados obtenidos indican una tendencia hacia enfoques punitivos y la insuficiente capacitación. Se apreció una tendencia hacia enfoques punitivos más que rehabilitadores, lo que resalta la necesidad de reestructurar la justicia juvenil en Ecuador. Las pruebas de hipótesis que muestran diferencias estadísticamente significativas entre el tratamiento de delitos graves y menos graves subrayan la importancia de un enfoque diferenciador. Sin embargo, la falta de claridad normativa y la insuficiente capacitación de los operadores de justicia empeoran la situación.

Con lo indicado anteriormente, el 65% de sentencias enfocadas en el castigo, el sistema ecuatoriano contradice su mandato constitucional de rehabilitación. Lo más alarmante es que esta tendencia no es un hecho aislado, sino una estadística superior a la de estudios regionales previos, lo que sitúa al país en un escenario de retroceso respecto a la reinserción social.

En respuesta a estos problemas, la implementación de programas de capacitación obligatoria en psicología del desarrollo y rehabilitación, así como la creación de un marco normativo más claro y específico, serán pasos cruciales para mejorar la efectividad del sistema.

El análisis revela que, si bien el sistema de justicia juvenil de Ecuador ha logrado avances en algunos aspectos, la necesidad de equilibrio entre la protección de los derechos de los menores y la seguridad pública sigue siendo un desafío. Las propuestas de intervención temprana y programas de reinserción juvenil son esenciales para reducir la reincidencia en delitos graves entre adolescentes. Además, la investigación proporciona una base para la implementación de políticas públicas que garantizan una justicia más orientada a la rehabilitación, sin descuidar las necesidades de seguridad de la sociedad.

Es importante, Implementar programas de capacitación obligatoria para todos los operadores de justicia enfocados en la psicología del desarrollo y rehabilitación. Además, se debe crear un marco normativo que aborde los vacíos legales identificados, asegurando claridad en la aplicación de la ley.

La discusión subraya que no se trata solo de un problema administrativo, sino de una carencia que impide comprender la psicología del desarrollo y la neurociencia juvenil. Sin esta base, los operadores no pueden diferenciar entre un delincuente formado y un adolescente en desarrollo, lo que deriva en un trato injusto y en el fracaso de la reintegración.

CONCLUSIONES

Se evidenció, que el 65% de los casos analizados priorizaron sanciones punitivas sobre enfoques rehabilitadores, lo que compromete la reintegración social de los menores. Además, se detectaron vacíos legales y falta de capacitación especializada entre los operadores de justicia (solo el 30% capacitados), lo que afecta la equidad y coherencia del sistema. Estos hallazgos aportan una base crítica para reformar políticas, equilibrando derechos de los adolescentes y seguridad pública.

FINANCIAMIENTO

No monetario.

AGRADECIMIENTO

A la Universidad Regional Autónoma de los Andes sede Puyo, en el desarrollo de la investigación.

REFERENCIAS CONSULTADAS

Asamblea General de Naciones Unidas. (20 de noviembre de 1989). Convención sobre los Derechos del Niño. https://n9.cl/z2xc06

Castro Morales, Á. (2021). La especialidad en la ejecución de la sanción privativa de libertad juvenil: análisis desde el derecho internacional de los derechos humanos y doctrina. Derecho PUCP, (86),251-289. https://doi.org/10.18800/derechopucp.202101.008

Congreso Nacional. (2003). Código de la Niñez y Adolescencia. Registro oficial 737 del 03 de enero de 2003. Suplemento del Registro Oficial 481, 6-V-2019. https://n9.cl/i3x89g

Dávila Newman, G. (2006). El razonamiento inductivo y deductivo dentro del proceso investigativo en ciencias experimentales y sociales. Laurus, 12(Ext),180-205. https://n9.cl/nx847

Maldonado Cando, J., Bustamante Vera, A., & Cabrera Grand, J. (2022). Los procesos penales de adolescentes infractores y su efectividad en las medidas socio educativas. Revista Universidad y Sociedad, 14(6), 236-245. https://n9.cl/yv8v8

Ortega Galindo, D. (2022). Reflexiones acerca de la necesidad de un sistema penal juvenil deferente con los derechos humanos de los adolescentes con relación a su entorno familiar, a la luz del Código de Infancia y Adolescencia en Colombia. Prolegómenos, 25(50), 137-151. https://doi.org/10.18359/prole.6141

Peñaloza-Caracundo, R. M., Narváez-Zurita, C. I., Pozo-Cabrera, E. E., & Erazo-Álvarez, J. C. (2020). El principio de proporcionalidad de las penas en delitos cometidos por menores infractores. IUSTITIA SOCIALIS, 5(1), 454–573. https://doi.org/10.35381/racji.v5i1.622

Reyes-Cueva, M. del C., Erazo-Álvarez, J. C., Borja-Pozo, C. A., & Narváez-Zurita, C. I. (2020). Mínima intervención penal en el juzgamiento contra delitos menores: Tutela judicial efectiva y reparación integral. IUSTITIA SOCIALIS, 5(1), 295–311. https://doi.org/10.35381/racji.v5i1.613

Rodríguez Jiménez, A., y Pérez Jacinto, A. O. (2017). Métodos científicos de indagación y de construcción del conocimiento. Revista Ean, (82),175–195. https://doi.org/10.21158/01208160.n82.2017.1647

Vicuña-Pozo, V. E., Silva-Pallo, B. A., & Zúñiga-Orozco, J. A. (2025). Estudio multidimensional sobre criminalización precoz en el sistema penal ecuatoriano y consecuencias sociales – jurídicas. Verdad y Derecho. Revista Arbitrada De Ciencias Jurídicas Y Sociales, 4, 278-292. https://doi.org/10.62574/9qpzs779

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RESUMEN

ABSTRACT