INTRODUCCIÓN
La prisión preventiva es una medida cautelar que busca garantizar la presencia del imputado durante el proceso penal. Su aplicación en Ecuador ha generado un intenso debate por las afectaciones que implica a los derechos humanos. Dado que el sistema judicial tiene muchos desafíos en un contexto particular, la prisión preventiva es un tema relevante ya que su uso indiscriminado puede fácilmente llevar a violaciones de derechos fundamentales, en particular, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a un juicio justo y el derecho a la libertad personal.
La doctrina jurídica define la prisión preventiva como una medida excepcional y cautelar (para evitar la fuga o la obstaculización de la justicia), en la práctica latinoamericana se ha generalizado. Se observa una tendencia a utilizarla como una herramienta de seguridad ciudadana para calmar la opinión pública, lo que desvirtúa su propósito original y la convierte en un castigo previo a una sentencia condenatoria. (Rivera Muñoz et al., 2025).
En la actualidad, la situación de la prisión preventiva ha alcanzado un punto crítico. Con un sistema penitenciario colapsado y condiciones de hacinamiento alarmantes, el uso excesivo de esta figura legal ha llevado a cuestionamientos sobre su legitimidad y aplicación. La actual crisis de seguridad ha llevado a las autoridades a adoptar medidas drásticas, lo que ha resultado en un aumento significativo en el número de personas en prisión preventiva. Según datos recientes, más del 40% de la población carcelaria se encuentra en esta situación, lo que plantea serias preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos y el debido proceso.
Históricamente, la prisión preventiva en Ecuador ha estado marcada por un uso indiscriminado, a menudo motivado por la presión mediática en torno a la delincuencia. La Constitución de 2008 y el Código Orgánico Integral Penal (2014) introdujeron reformas que buscaban regular su aplicación, estableciendo criterios más estrictos para su imposición. Sin embargo, en la práctica, la detención preventiva es una respuesta automática ante la acusación de delitos. Las organizaciones de derechos humanos han denunciado, en reiteradas ocasiones, la falta de medidas adecuadas para garantizar que esta figura legal no se convierta en un mecanismo de castigo anticipado (Pontón, 2023).
La problemática principal radica que la prisión preventiva agrava la crisis del sistema carcelario, ocasionando el riesgo de que personas inocentes pasen largos períodos en prisión sin haber sido juzgadas, situación que genera hacinamiento, vulnera derechos humanos y no siempre respeta el principio de presunción de inocencia todo esto plantea interrogantes sobre la eficacia de la prisión preventiva como herramienta de control y su capacidad para contribuir a la seguridad pública sin sacrificar los derechos humanos.
Según, Laines Álvarez et al. (2025) lo largo de los años en Ecuador, se ha observado una recurrente vulneración de los derechos de los ciudadanos, especialmente aquellos que se encuentran privados de su libertad. Esta problemática tiene sus raíces en serios dilemas presentes en los centros penitenciarios del país, tales como el hacinamiento y la violencia interna que vulnera el derecho a la integridad personal.
Según Arandia Zambrano et al. (2022), la prisión preventiva, compone medidas cautelares en materia penal que sirven para que las personas procesadas por el cometimiento de delitos tipificados en el Código Orgánico Integral Penal (2014) cumplan con los presupuestos del debido proceso, que es la presencia activa en el desarrollo de los procesos penales, las medidas cautelares se dividen en medidas privativas de libertad y medidas no privativas de libertad.
La finalidad de las medidas cautelares se encuentra establecidas en el artículo 519 del COIP y establece 1. Proteger los derechos de las víctimas y demás participantes en el proceso penal. 2. Garantizar la presencia de la persona procesada en el proceso penal, el cumplimiento de la pena y la reparación integral. 3. Evitar que se destruya u obstaculice la práctica de pruebas que desaparezcan elementos de convicción. 4. Garantizar la reparación integral a las víctimas.
Es de acotar que, las medidas cautelares de carácter personal son identificadas en el COIP en el artículo 522, encontrándose entre ellas, la prohibición de salida del territorio nacional, presentación periódica ante la autoridad jurisdiccional competente o en su defecto ante la autoridad o institución designada para el efecto, el arresto domiciliario, el uso de dispositivo de vigilancia electrónica, la detención y, finalmente, la prisión preventiva (Clavijo Vergara, 2023).
La prisión preventiva, tal como se aplicó en el periodo de estudio, resulta ineficaz desde una perspectiva de derechos fundamentales. La medida no está cumpliendo su rol de asegurar el proceso, sino que está funcionando como una sanción anticipada que agrava el sistema penitenciario y desprotege el principio de inocencia. Sugieren una reforma en la formación de los operadores de justicia para aplicar criterios de proporcionalidad más estrictos. (Toro-Martínez, & Valdivieso-Vintimilla,2023). Se dice que la detención debe ser temporal, porque la norma prevé un límite de hasta veinte y cuatro horas, tiempo en el cual causará los efectos jurídicos requeridos. De igual forma, se enfatiza en la motivación de la orden de la detención, emitida por juez competente y que restringe derechos de libertad y conexos, por lo que debe cubrir con todos los requisitos de forma y fondo para su eficacia.
Se plantea como objetivo general analizar el impacto de la prisión preventiva en Ecuador frente a la vulneración de derechos humanos.
MÉTODO
La investigación utiliza el método cuantitativo el cual produce datos descriptivos, que se originan por la recolección de datos. Apoyado en la revisión documental-bibliográfica. Se realiza la revisión de artículos arbitrados, y leyes. Además, se emplea el método inductivo-deductivo, el cual sugiere que para encontrar una verdad se deben buscar los hechos y no basarse en meras especulaciones, conjuntamente a partir de afirmaciones generales para llegar a específicas (Dávila, 2006). Se plantea además el método analítico-sintético por medio del cual, se descompone un todo en partes extrayendo cualidades, componentes, relaciones y más para posteriormente unir las partes analizadas y con ello descubrir características y relaciones entre los elementos (Rodríguez y Pérez, 2017). En cuanto a los instrumentos, se aplica un cuestionario a 30 personas entre ellas, 10 estudiantes de la carrera de derecho, 10 Abogados Litigantes en Materia Penal, 10 personas entre hombres y mujeres de diferentes edades y contextos sociales.
RESULTADOS
Se presenta a continuación los resultados luego del desarrollo del método planteado por los investigadores.
1. ¿Considera que la prisión preventiva en Ecuador vulnera derechos humanos?
Gráfica 1. Prisión preventiva.
Elaboración: Los autores.
En la gráfica 1, el 56.66 % considera que la prisión preventiva si vulnera los derechos humanos, el 36.66% considera que la prisión preventiva no vulnera los derechos humanos ya que es una medida cautelar que garantiza la comparecencia del procesado, y el 6.66% considera que probablemente se vulnera estos derechos fundamentales, aunque la mayoría de encuestados fueron personas con conocimiento en la materia del derecho, las personas que forman parte de la general en su gran mayoría respondieron que efectivamente existe vulneración de derechos.
2. Desde su experiencia, ¿cómo afecta la prisión preventiva al hacinamiento en las cárceles?
Gráfica 2. Hacinamiento en las cárceles.
Elaboración: Los autores.
Se observa en la gráfica 2, que el 60% considera que la prisión preventiva aumenta significativamente el hacinamiento en las cárceles, el 30% considera que aumenta moderadamente el hacinamiento y el 10% menciona que no tiene efecto. Esto refleja una percepción mixta sobre el hacinamiento en las cárceles del país y subraya la necesidad de buscar reducir esta problemática.
3. ¿Cree que las personas en prisión preventiva enfrentan condiciones carcelarias similares a las de los condenados?
Gráfica 3. Prisión preventiva.
Elaboración: Los autores.
Se destaca en la gráfica 3, que el 68% de las personas respondieron que efectivamente las personas que se encuentran en prisión preventiva se encuentran en una complicada situación ya que temen por lo que les podría suceder al estar inmersos en las mismas condiciones que las personas privadas de la libertad, el 19% respondió que probablemente se encuentren en las mismas condiciones carcelarias y el 13% respondieron que estas personas no enfrentan las mismas condiciones carcelarias.
4. ¿En su opinión, ¿el Estado ecuatoriano protege adecuadamente los derechos de las personas en prisión preventiva?
Gráfica 4. Derecho de las personas en prisión preventiva.
Elaboración: Los autores.
La gráfica 4, el 63.33% de los encuestados cree que los es estado no protege adecuadamente los derechos de las personas que se encuentran en prisión preventiva. Un 23.33% opina que la participación del estado no es tan eficaz en la protección de estos derechos por la que no están seguros. El otro 13.33% dice que el estado ecuatoriano si protege los derechos de estas personas.
5. Qué alternativas a la prisión preventiva considera más viables en el contexto ecuatoriano?
Gráfica 5. Alternativas.
Elaboración: Los autores.
Se aprecia la gráfica 5, que el 63% de los encuestados tienen como mejor alternativa la obligación de presentarse periódicamente. Sin embargo, el 17% indica a la prohibición de ausentarse del país como una alternativa, el 10% indica el arresto domiciliario, y finalmente el otro 10% indica como alternativa el grillete electrónico, sin embargo, estos dos últimos dependen de varios factores, incluyendo la gravedad del delito, el perfil del acusado y las circunstancias del caso.
DISCUSIÓN
Desde una perspectiva jurídica, la Constitución ecuatoriana y el Código Orgánico Integral Penal establecen lineamientos claros sobre la aplicación de esta medida, limitando su duración y justificándola únicamente en circunstancias específicas. Sin embargo, la práctica judicial ha demostrado que estos límites no siempre se respetan, lo que ha llevado a múltiples condenas contra el Estado ecuatoriano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos como Tibi vs. Ecuador y Vera vs. Ecuador. Estas sentencias ponen en evidencia que la prisión preventiva, en lugar de ser una herramienta excepcional, se ha convertido en un castigo anticipado para muchos ciudadanos. Además, la prisión preventiva no solo afecta al detenido, sino que también tiene repercusiones en su entorno familiar y social. La imposibilidad de trabajar y generar ingresos puede llevar a la precarización de la vida de sus familiares, afectando su estabilidad emocional y económica. Asimismo, el estigma de haber estado en prisión puede dificultar la reinserción social, incluso en aquellos casos en los que la persona sea absuelta tras el proceso judicial.
En términos metodológicos, el análisis de esta problemática se ha abordado desde una combinación de métodos inductivos y deductivos, utilizando tanto la revisión bibliográfica como la recopilación de datos empíricos a través de encuestas y estudios de casos. La evidencia obtenida respalda la necesidad de una reforma en el uso de la prisión preventiva en Ecuador, priorizando medidas cautelares menos lesivas como la vigilancia electrónica, la presentación periódica ante autoridades o el arresto domiciliario en casos que no representen un riesgo significativo para la sociedad. Cabe resaltar que la Defensoría del Pueblo y organizaciones de derechos humanos han abogado por la implementación de estrategias que minimicen el impacto negativo de la prisión preventiva en la población vulnerable. En este sentido, se han propuesto reformas legislativas que buscan garantizar el principio de proporcionalidad en la aplicación de esta medida y evitar su uso arbitrario.
El abuso de la prisión preventiva en Ecuador constituye una grave vulneración de derechos humanos que requiere una revisión urgente. La crisis carcelaria, el hacinamiento y la falta de garantías procesales evidencian la necesidad de una política penitenciaria integral basada en la proporcionalidad, la legalidad y el respeto a los derechos fundamentales. El fortalecimiento del sistema judicial y el desarrollo de alternativas eficaces a la prisión preventiva son pasos esenciales para garantizar un sistema penal más justo y equitativo.
Asimismo, es fundamental fomentar la capacitación de jueces y fiscales para que apliquen criterios basados en derechos humanos y en el principio de mínima intervención penal. La formación en el uso adecuado de medidas cautelares alternativas puede contribuir significativamente a reducir el abuso de la prisión preventiva. De igual manera, la cooperación entre instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil puede ser clave para generar mecanismos de monitoreo que permitan evaluar el cumplimiento de las garantías procesales y evitar decisiones arbitrarias.
CONCLUSIONES
La reforma del régimen jurídico y la capacitación de jueces y fiscales son aspectos fundamentales para mejorar la aplicación de la prisión preventiva en Ecuador. Es urgente promover una política penitenciaria basada en la proporcionalidad, el respeto a los derechos humanos y la implementación de medidas cautelares alternativas más efectivas. La reducción del uso excesivo de la prisión preventiva no solo beneficiará a las personas imputadas, sino que también contribuirá a la mejora del sistema judicial y penitenciario del país, garantizando un equilibrio entre la seguridad ciudadana y la protección de los derechos fundamentales.
FINANCIAMIENTO
No monetario.
AGRADECIMIENTO
A la Universidad Regional Autónoma de los Andes sede Puyo, en el desarrollo de la investigación.
REFERENCIAS CONSULTADAS
Arandia Zambrano, J., Robles Zambrano, G., Moreno Arvelo, P., & Macías Cedeño, S. (2022). Prisión preventiva: procesos penales en el Ecuador. Revista Universidad y Sociedad, 14(6), 556-561. https://n9.cl/7b1vu
Asamblea Nacional (2014). Código Orgánico Integral Penal. Registro Oficial Nº 180. https://url2.cl/53c6h
Asamblea Nacional Constituyente de la República del Ecuador. (2008). Constitución de la República del Ecuador. Montecristi. Registro Oficial 449 de 20-oct-2008. https://n9.cl/sia
Clavijo-Vergara, A. S., & López-Moya, D. F. (2023). La prisión preventiva ¿medida cautelar o pena anticipada? Una visión desde Ecuador. Revista Metropolitana De Ciencias Aplicadas, 6(S1), 18-28. https://doi.org/10.62452/c596vn43
Dávila Newman, G. (2006). El razonamiento inductivo y deductivo dentro del proceso investigativo en ciencias experimentales y sociales. Laurus, 12(Ext),180-205. https://n9.cl/nx847
Laines Álvarez, Y. M., Ochoa Aguilar, M. J., Valarezo Enríquez, G. M., & Aguilar Ochoa, S. M. (2025). Derecho a la integridad en personas privadas de libertad en doble vulnerabilidad mediante Hábeas Corpus, jurisprudencia ecuatoriana 2023. Revista Universidad De Guayaquil, 139(1), 57-70. https://doi.org/10.53591/rug.v139i1.334
Pontón, D., & Espín, J. (2023). El número importa: dilemas y desafíos de la política criminal en la crisis penitenciaria en Ecuador. Dilemas: Revista De Estudos De Conflito E Controle Social, 16(3), e53646. https://doi.org/10.4322/dilemas.v16.n.3.53646
Rivera Muñoz, L., Coronado Orrillo, R., & De Piérola García, V. (2025). Prisión preventiva y afectación de derechos fundamentales: Una mirada a la literatura Latinoamericana. Revista InveCom, 5(1), e501071. https://doi.org/10.5281/zenodo.11658359
Rodríguez Jiménez, A., y Pérez Jacinto, A. O. (2017). Métodos científicos de indagación y de construcción del conocimiento. Revista Ean, (82),175–195. https://doi.org/10.21158/01208160.n82.2017.1647
Toro-Martínez, X., & Valdivieso-Vintimilla, S. (2023). Eficacia de la prisión preventiva: Un estudio de casos presentados durante el periodo 2021-2022. Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía, 8(Supl.1),51-70. https://doi.org/10.35381/r.k.v8i1.2488
©2026 por los autores. Este artículo es de acceso abierto y distribuido según los términos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)