INTRODUCCIÓN

La alfabetización jurídica se posiciona como un elemento clave para promover la justicia social y fortalecer la construcción de sociedades democráticas más equitativas y saludables (Freudenberg, 2017). Esto trasciende la simple comprensión y aplicación del derecho, ya que conlleva el empoderamiento ciudadano necesario para ejercer sus derechos y garantizar su acceso a la justicia. Entender los derechos y las obligaciones legales resulta fundamental para que las personas participen plenamente en la vida democrática de una sociedad.

En este marco, la universidad asume un papel ético clave al integrarse como motor de una educación orientada al entendimiento de los derechos, asegurando que todas las personas, sin importar sus condiciones socioeconómicas, puedan acceder al conocimiento requerido para interactuar de manera efectiva con el sistema legal. Como señala Hagelsieb (2025), esto resulta especialmente significativo en un escenario donde la formación universitaria ha priorizado enfoques técnicos y prácticos, dejando en un segundo plano la reflexión ética, a pesar de que los profesionales enfrentan, habitualmente, dilemas morales que impactan en la sociedad.

Por su parte, Ponce (2025) resalta que la educación constituye una base fundamental para el desarrollo integral del individuo y para la creación de sociedades comprometidas con la igualdad, la justicia y el bienestar común. De igual forma, este enfoque se enriquece con la incorporación de una justicia cimentada en principios éticos universales, como los derechos humanos y la equidad (Méndez, Isea y Anamá, 2024). Por ende, la enseñanza en derechos humanos se considera un componente crucial dentro de la educación, ya que no solo promueve el entendimiento de responsabilidades y derechos, sino que también fomenta habilidades crítico-reflexivas y valores esenciales. Estos objetivos buscan inspirar a los estudiantes a convertirse en ciudadanos activos y comprometidos con la promoción de la justicia social.

En la actualidad, el acceso a la justicia sigue siendo un desafío significativo en muchas sociedades, especialmente en aquellas donde las desigualdades estructurales limitan la capacidad de ciertos grupos para hacer valer sus derechos, pues ha sido reconocido y desarrollado por la doctrina como derecho humano fundamental (Organización de la Naciones Unidas [ONU], 1948). De alli que, la alfabetización jurídica se convierte, entonces, en un medio para cerrar esta brecha, proporcionando a los ciudadanos las herramientas necesarias para entender sus derechos y las vías legales disponibles para su defensa.

En este contexto, la universidad, como institución formadora y generadora de conocimiento, tiene la responsabilidad ética de actuar en este ámbito. A través de programas de educación que incorporen la alfabetización jurídica, fundamentada en una concepcion de la justicia alineada al iusnaturalismo y sustentada en valores éticos y universales, como la equidad y la dignidad humana (Méndez, Isea y Anamá, 2024), es posible promover una ciudadanía más activa y consciente de sus derechos. Sin embargo, existen vacíos teóricos y prácticos que dificultan la implementación de estos programas. Frecuentemente, la educación jurídica se centra en la formación de abogados, dejando de lado a la población general que también necesita acceder a este conocimiento.

Uno de los principales vacíos radica en la falta de un marco conceptual robusto que articule la relación entre educación en derechos, justicia social y acceso a la justicia. A menudo, se asume que la educación formal en derecho es suficiente para garantizar el acceso a la justicia, sin considerar que la comprensión del sistema legal requiere un enfoque más amplio que se extienda a otros ambitos, escenarios, y personas, al mismo tiempo de que incluya diversos aspectos socioculturales y económicos. Asimismo, no se presta suficiente atención al rol de la universidad como un actor jurídico preventivo, puesto que a menudo se la percibe únicamente como una institución dedicada a formar profesionales y no como un agente capaz de educar para la participación activa en asuntos públicos y la prevención de la vulneración de derechos. Esto puede lograrse a través de la alfabetización jurídica, concebida como una innovadora herramienta que puede implementarse en ámbitos como la educación no formal (Molina, Ponce y Rubalcaba, 2023) mediante actividades de extensión y/o acción social comunitaria.

Este planteamiento resalta la importancia de asegurar una educación jurídica que sea inclusiva y accesible, promoviendo un conocimiento práctico que permita comprender tanto el lenguaje como las prácticas legales fundamentales. Así se evitarían situaciones evidentes, como firmar documentos sin haber entendido sus implicaciones por no saber interpretar las locuciones y enunciados redactados (Pérez, 2022). Siendo así, esta forma de educación se presenta como una herramienta fundamental para empoderar a las personas con derechos civiles, políticos y sociales, permitiéndoles ejercer plenamente su ciudadanía como miembros de una comunidad social (Molina, Ponce y Rubalcaba, 2023). Asimismo, contribuye a la defensa de sus derechos bajo un marco de igualdad social y garantiza un acceso efectivo a la justicia, lo que no solo favorece a los individuos en particular, sino que también refuerza el sistema democrático en su totalidad..

Desde una perspectiva metodológica, se observa una carencia en la implementación de metodologías participativas que permitan incluir a los estudiantes como coinvestigadores, especialmente considerando que la alfabetización jurídica resulta propicia para enfoques como la investigación-acción, el aprendizaje-servicio y el desarrollo de clínicas jurídicas en comunidades. Estos enfoques no han sido estructurados ni consolidados como métodos para abordar el estudio del acceso a la justicia desde el ámbito universitario.

En el ámbito práctico, se detecta una limitada ejecución de programas de alfabetización jurídica orientados a beneficiar a comunidades externas, así como la falta de estrategias éticas orientadas a fomentar el pensamiento crítico en el ámbito jurídico, contrarrestar la desinformación legal y desmontar mitos jurídicos, especialmente en un entorno sobresaturado de información digital (Hernández, Páez, Planella y Díaz, 2023). Asimismo, se percibe la inexistencia de modelos éticos de intervención en los que se articulen la tecnología y los derechos. Todo ello refleja, por un lado, la escasez de interacciones colaborativas entre las universidades y las comunidades, y por otro, una marcada desconexión entre el ámbito teórico y la práctica, lo que dificulta la aplicación de los conocimientos académicos a las problemáticas sociales reales.

De acuerdo con el estudio sobre educación jurídica en Iberoamérica realizado por Londoño (2015), las deficiencias apuntadas podrían ser consecuencia de que los planes de estudio y currículos en las facultades de derecho de la región tienden a orientarse hacia tres dimensiones señaladas por Damaska (1968): en primer lugar, la gramática del derecho entendida como el estudio de los conceptos jurídicos; en segundo lugar, el análisis sistemático de normas y jurisprudencia; y en tercer lugar, la instrucción en la lógica interna del derecho, que abarca principios dogmáticos y abstractos. Estas características componen una formación académica que resulta a menudo legalista, reduccionista y fundamentalmente ligada a la memorización.

En el contexto planteado, resulta fundamental considerar la alfabetización jurídica y el acceso a la justicia como una combinación que exigen un abordaje integral e interrelacionada. En este sentido, la intervención ética por parte de las universidades surge como una oportunidad esencial para transformar la formación jurídica y, así, consolidar el tejido social centrado en los derechos humanos y la justicia social.

A partir de lo expuesto, surge la necesidad de explorar el tema del acceso a la justicia desde la perspectiva de la alfabetización jurídica, a partir de las siguientes interrogantes: ¿Cuáles es la importancia de una educación asumida desde un enfoque en derechos? ¿Cómo la universidad puede intervenir de manera ética para promover una alfabetización jurídica inclusiva y adaptada a las distintas realidades sociales? En este sentido, el propósito de este estudio radica en examinar cómo una intervención ética universitaria, desde una educación orientada por un enfoque de derechos, puede convertirse en una herramienta transformadora que promueva la alfabetización jurídica y, al mismo tiempo, contribuya a democratizar el acceso a la justicia.

Este abordaje investigativo tiene especial relevancia al contribuir a la construcción de una sociedad más justa y equitativa, a través de la comprensión y promoción de la alfabetización jurídica como herramienta clave para el empoderamiento ciudadano y el acceso efectivo a la justicia desde la participación activa en la defensa de la garantías y derechos propios. Asimismo, al implicar a las universidades dentro de este marco, se promueve una educación crítica y comprometida socialmente, capaz de formar profesionales con una alta sensibilidad hacia las desigualdades existentes y preparados para enfrentarlas de manera eficaz.

METODO

La metodología representa un componente fundamental en toda investigación, ya que define y orienta el camino a seguir para cumplir con los objetivos o propósitos establecidos. En este caso, se adoptó un enfoque metodológico cualitativo, especialmente idóneo para estudios adscritos al paradigma interpretativo, cuyo propósito como señalan Quintana y Hermida (2019), es entender fenómenos complejos, como el acceso a la justicia desde la alfabetizacion jurídica, a través de la exploración profunda de su esencia y expresiones de significados. Desde esta perspectiva, la investigación se sustentó en el método hermenéutico combinado con un diseño documental bibliográfico, lo cual brinda una estructura sólida para indagar dicho fenómeno desde la textualidad escrita.

En este contexto, el método hermenéutico, basado en la premisa de que todo texto refleja y está influenciado por la trama y el argumento en el que fue creado, se empleó como herramienta para leer detalladamente y analizar en profundidad los discursos y narrativas, permitiendo interpretar y dar significado a los textos y documentos seleccionados relacionados con el acceso a la justicia social desde la perspectiva de la alfabetización jurídica. Es importante precisar que este enfoque interpretativo se llevó a cabo de forma cíclica, al establecerse un diálogo constante investigador-fenómeno de estudio, y configurarse el análisis del texto de las partes al todo y viceversa. Esto, como expone Martinez (2006), considerando a Schleiermacher (1969), Dilthey (1900), permitió una comprensión más enriquecida del fenómeno y una contrucción de significados más dilatados.

Se precisa, además, que el artículo se desarrolló mediante una investigación documental con un enfoque bibliográfico, entendida como una metodología que permite estructurar y examinar los escritos de diversos autores (Palella y Martins, 2015). Es importante señalar que el diseño documental bibliográfico implicó la recopilación y el análisis de información a partir de fuentes secundarias escritas, como libros, artículos académicos y textos legales.

La identificación de las unidades de análisis se desarrolló mediante un procedimiento ordenado y riguroso, centrado en la revisión de artículos científicos difundidos en revistas especializadas. Para ello se consultaron diversas bases de datos de acceso abierto, entre ellas: Scielo, Redalyc, Scopus y Dialnet, con el fin de localizar literatura pertinente. La búsqueda se efectuó utilizando palabras clave como “alfabetización jurídica”, “acceso a la justicia”, “educación en derechos” y “derechos humanos”, además de combinaciones entre estos términos. Solo se incorporaron aquellos trabajos que cumplieran criterios estrictos de calidad científica, estuvieran redactados en español o disponibles en traducción a este idioma y guardaran una relación directa con los ejes temáticos definidos para el estudio. Este proceso permitió delimitar con claridad qué documentos resultaban pertinentes para el análisis y cuáles debían descartarse por no ajustarse a los parámetros establecidos.

El tratamiento analítico de la información se desarrolló a partir de una lectura detallada y reflexiva de cada documento seleccionado, entendiendo las locuciones y/o enunciados como datos susceptibles de interpretación, tal como plantea Arias (2012). Para profundizar en el significado de estos enunciados y categorías presentes en las fuentes, se recurrió al microanálisis, una técnica que permite descomponer el material en unidades mínimas de sentido y someterlas a un examen crítico exhaustivo.

La organización y manejo del corpus documental siguió la secuencia metodológica propuesta por Reyes y Carmona (2020), que comprende la recopilación sistemática de textos, su clasificación según criterios temáticos y la posterior integración analítica de la información. Con base en estos referentes, la investigación bibliográfica se estructuró de manera ordenada y progresiva, avanzando a través de una serie de procedimientos encadenados. Dichos procedimientos, que a continuación se describen, permitieron abordar el fenómeno de estudio con claridad y profundidad, lademás de garantizar coherencia en la construcción de la interpretación final.

En primer lugar, se procedió a delimitar el fenomeno como objeto de investigación dentro del corpus documental, lo que implicó precisar las preguntas orientadoras y establecer el objetivo central del análisis. Posteriormente, se llevó a cabo la localización y clasificación de las fuentes pertinentes, además de su selección conforme a los criterios previamente definidos para garantizar su relevancia y rigor académico.

Una vez conformado el conjunto de documentos, se avanzó hacia una lectura analítica sustentada en el enfoque hermenéutico, con el propósito de generar interpretaciones críticas y abrir nuevas perspectivas sobre el fenómeno examinado. A partir de este ejercicio interpretativo, se identificaron patrones, núcleos temáticos y estructuras conceptuales que facilitaron una comprensión más profunda y articulada del problema de estudio. Con base en estos hallazgos, se elaboró una síntesis interpretativa que integra los aportes de las distintas fuentes, permitiendo construir una visión coherente y fundamentada.

Finalmente, los resultados fueron organizados y presentados en el artículo correspondiente, con el fin de socializar el conocimiento producido. Para asegurar la validez del estudio, se recurrió a una amplia variedad de documentos y se expusieron de manera transparente los procedimientos, análisis y resultados. Asimismo, se observan estrictamente los principios éticos de la investigación documental, especialmente en lo relativo al respeto por los derechos de autor y al uso adecuado de las citas y referencias empleadas.

RESULTADOS

· La educación universitaria desde un enfoque de derechos

Para garantizar una educación universitaria bajo un enfoque basado en derechos, es imprescindible reconocer que la educación constituye un derecho humano esencial e inalienable, respaldado por diversos instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU, 1948). En este sentido, la formación académica "debe facilitar la preparación de ciudadanos más capacitados, quienes gocen de mejores posibilidades en lo individual y lo colectivo" (Pupo, Infante, Hernández & Isea, 2026: p. 22). Por consiguiente, abrazando el concepto de ciudadanía allí implícito, la educación debe entenderse no solo como un mecanismo para adquirir conocimientos y competencias, sino también como un camino hacia la promoción de la dignidad, la igualdad y la justicia social, empleando enfoques innovadores, metodologías dinámicas y herramientas actuales que potencien la formación profesional y consoliden el desarrollo ciudadano.

La educación universitaria orientada por un enfoque basado en derechos debe estar cimentada en principios fundamentales como la inclusión, la equidad, la participación y la accesibilidad. Bajo esta perspectiva, es crucial garantizar que la formación académica sea accesible para todas las personas, independientemente de su raza, género, creencias religiosas o situación socioeconómica. Esto requiere, en esencia, derribar las barreras físicas, económicas, tecnológicas y de comunicación que limitan el acceso y la permanencia a la universidad, con el fin de asegurar que todas las personas, sin excepción, tengan la oportunidad de participar plenamente y beneficiarse de la experiencia educativa en el ámbito universitario (Cueva, 2025).

De acuerdo con los planteamientos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2025), es imprescindible promover tanto la inclusión como la no discriminación, asegurando la participación activa de todas las personas. El objetivo debe ser garantizar igualdad de oportunidades tanto en el ámbito educativo como en el profesional. Sin embargo, aunque sigue existiendo una brecha significativa entre los discursos y las acciones concretas que impulsen cambios estructurales, la universidad debe consolidarse como un espacio seguro, justo y comprometido con el respeto a la diversidad, valorando activamente las diferencias. En este sentido, es crucial desarrollar políticas y estrategias flexibles que respondan a las necesidades específicas de cada estudiante, priorizando particularmente el apoyo a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad o enfrentan alguna discapacidad.

Estas estrategias deben fomentar activamente la participación de todos en su propio proceso de aprendizaje. Este enfoque garantiza que nadie se queda excluido, facilitando que cada individuo explore y alcance su máximo potencial. Además, contribuye a fortalecer su autonomía al tiempo que los capacita para convertirse en agentes de cambio dentro de sus comunidades. Tal como afirman Aguilar, Reasco y Coello (2024), transformar la universidad en un espacio inclusivo no solo impulsa el desarrollo personal de los estudiantes, sino que también promueve el avance y el bienestar colectivo de la sociedad.

En el escenario planteado, resulta esencial reconfigurar el proceso de enseñanza-aprendizaje para alcanzar un sistema educativo robusto y adaptable a las exigencias de una sociedad en constante evolución. Según afirma Reimers (2023), los retos que enfrenta la democracia exigen reconsiderar la interdependencia entre educación y civismo para promover el desarrollo ciudadano. Desde un enfoque guiado por los derechos, la educación universitaria se presenta como una vía clave para formar individuos con una sólida base en valores democráticos, pensamiento crítico y una participación ética y activa en la sociedad (Silva, Angarita y Ramírez, 2020). Este enfoque adquiere especial relevancia en la formación profesional de quienes ejercerán como abogados y, al mismo tiempo, se impone como una prioridad al abordar la alfabetización jurídica básica necesaria para toda la ciudadanía.

En este contexto, el compromiso ético con la justicia social ocupa un lugar central. Por tanto, la ética deja de ser una materia aislada y se convierte en un principio integrador que orienta la práctica académica y profesional. Este enfoque, implica una reconfiguración del derecho como herramienta de justicia social, y no solo como normativa técnica; Asimismo, reconoce la dignidad humana como categoría suprema para toda la interpretación jurídica y promueve la responsabilidad social del jurista, especialmente frente a poblaciones vulnerables. De igual modo incentiva la investigación orientada a escenarios reales de acceso a la justicia. En este sentido, se ha señalado que reducir las desigualdades educativas abre mayores posibilidades de formar ciudadanos comprometidos con la justicia y de apostar por una educación impulsada por y para ésta (Soler, Martínez y Peña, 2024: p. 13), lo que refuerza la necesidad de que la universidad sea un espacio donde se formen profesionales capaces de cuestionar, transformar y mejorar el sistema jurídico.

Desde esta perspectiva, la enseñanza del derecho no puede limitarse únicamente al estudio de las normativas legales, sino que debe incluir el análisis de principios relacionados con la equidad, la justicia y la protección de los derechos humanos. Tanto los estudiantes de derecho como la ciudadanía en general requieren comprender cómo el aprendizaje de lo jurídico se constituye en herramienta clave para garantizar el acceso a la justicia social y fortalecer la participación democrática.

De esta manera, se torna imprescindible diseñar e implementar estrategias educativas que promuevan la formación de individuos activos, reflexivos y éticamente comprometidos con la transformación social. Como afirman Esteban, Lalueza y Sánchez (2024), la inclusión y la justicia social son inherentes al proceso educativo, concebido como el diseño y la apropiación de recursos culturales que promuevan el desarrollo de proyectos de vida en los ámbitos personal, social, cívico y profesional. Esto pone de manifiesto la necesidad de una alfabetización jurídica que priorice la equidad y asegure el ejercicio pleno de los derechos.

Tal enfoque cobra un papel central en la formación de los futuros profesionales del ámbito jurídico, quienes deberán enfrentarse a los constantes retos de la sociedad con resiliencia, ética e integridad, haciendo frente a cuestiones como la adversidad, la corrupción y la impunidad. Una perspectiva acorde a lo expresado por Sánchez, Valdez, Romero y Lescano (2024), quienes destacan que la educación ciudadana debe capacitar a las personas para comprender el funcionamiento del sistema democrático, así como los derechos y responsabilidades inherentes al rol ciudadano, y, de esta manera, fortalecer la participación activa, los valores democráticos y la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Asimismo, la formación cumple un papel vital al empoderar a los ciudadanos, promoviendo su conocimiento y ejercicio de los derechos y deberes, lo cual repercute directamente en el fortalecimiento del bienestar colectivo y en el estímulo hacia el desarrollo de comunidades más inclusivas y democráticas.

En concreto, incorporar un enfoque de derechos humanos en la educación universitaria es clave para construir entornos más equitativos e inclusivos. Las universidades deben ser espacios que fomenten la dignidad, el respeto y una ciudadanía crítica. Como se enuncio previamente, este enfoque se basa en la conexión entre inclusión, equidad y justicia social, principios que deben guiar la formación universitaria. Adoptar una ética orientada hacia la justicia no solo transforma la educación, sino que también impulsa el cambio social y contribuye a un futuro más justo y sostenible.

· La intervención ética de la universidad para la alfabetización jurídica

El rol de la universidad como motor de cambio en el acceso a la justicia se hace especialmente evidente al reconocer que la alfabetización jurídica trasciende la mera transferencia de conocimientos técnicos. Se trata, ante todo, de una herramienta clave para fomentar el empoderamiento ciudadano y promover la transformación social. En esta línea, estudios recientes destacan que comprender el sistema jurídico y los procesos judiciales es un requisito esencial para que las personas puedan ejercer sus derechos y participar activamente en la vida democrática, destacando que el uso de un lenguaje claro y accesible resulta fundamental para garantizar esta participación y permitir un acceso efectivo a la justicia (Hurtado, 2024). Desde este enfoque, la universidad se erige como un agente ético, político y educativo que desempeña un papel decisivo en la democratización del derecho.

Las universidades, especialmente aquellas que cuentan con facultades, escuelas o programas de Derecho, poseen una capacidad privilegiada para incidir en las desigualdades estructurales que dificultan el acceso equitativo a la justicia. Su labor trasciende la formación de profesionales, ya que también están llamadas a desarrollar conocimiento crítico, a robustecer la cultura jurídica y a fomentar prácticas que acerquen el derecho a las comunidades. En este sentido, Trujillo (2023) recalca que el acceso a la justicia se ve influenciado por desigualdades estructurales que impactan de manera desigual a diversos grupos sociales. Por ello, se hace indispensable una respuesta institucional desde una perspectiva universitaria amplia que abarque desde la producción de un conocimiento crítico, hasta la formación ética y socialmente comprometida, y la creación de vínculos con el entorno sociocomunitario para reducir brechas jurídicas existentes.

Es importante resaltar que el papel transformador de la universidad puede analizarse desde tres dimensiones clave: social, ética y política. En lo social, actúa como puente entre conocimiento jurídico y necesidades de las comunidades, particularmente de los grupos marginados. En lo ético, reexamina continuamente la responsabilidad social tanto del jurista como de ella misma como institución formadora. En lo político, fortalece la ciudadanía, el Estado de derecho y la vigilancia de las instituciones públicas. De esta manera, tiene el soporte para democratizar el acceso a la justicia y convertirse en un agente esencial en la promoción de una cultura democrática a través de su quehacer académico, como sostienen Echeverri y Quiroz (2024).

Desde este contexto, la alfabetización jurídica es una herramienta fundamental para el empoderamiento, ya que permite a las personas comprender, interpretar y utilizar información legal para ejercer sus derechos, cumplir sus obligaciones y participar en una sociedad democrática. No se trata de formar expertos legales, sino de brindar conocimientos básicos para interactuar efectivamente con el sistema de justicia. Sobre este tema, Molina, Ponce y Rubalcaba (2023) afirman que la alfabetización jurídica facilita una mejor comprensión de los derechos y deberes, acortando la brecha existente respecto al sistema legal. Es importante subrayar que este empoderamiento surge por diversos factores: mayor acceso a la información, fortalecimiento de la autonomía para decisiones conscientes, capacidad para identificar vulneraciones de derechos y promoción de la participación en contextos sociales, institucionales y políticos.

Incorporar la alfabetización jurídica en la formación universitaria va más allá de enseñar contenidos legales o normativos. También permite a los estudiantes desarrollar una visión crítica, sensibilidad social y un compromiso ético que los impulsa a analizar el funcionamiento del sistema de justicia y las dinámicas de poder que lo afectan. Por otra parte, la universidad asume su rol con responsabilidad ética, promoviendo, de forma indirecta, el acceso a la justicia, al brindar a la ciudadanía herramientas necesarias para conocer y ejercer sus derechos. Por ello, resulta fundamental concebir la formación de profesionales del derecho como un proceso dinámico, orientado al análisis continuo y a la transformación, con el propósito de formar juristas comprometidos con la responsabilidad social, tal como lo plantean Chuga, Anama y Dávila (2024).

Así, se promueve una cultura jurídica democrática enfocada en igualdad, participación activa y transparencia. Este enfoque transforma el sistema de justicia al formar profesionales críticos y comprometidos, a la vez que refuerza el tejido social mediante el empoderamiento comunitario y la reducción de desigualdades. En este marco, la ética institucional universitaria se posiciona como eje fundamental, al responder a un entorno dinámico que exige gobernanza responsable (Araya, 2024). Por ende, la ética universitaria trasciende lo individual, proyectándose como una ética de la acción institucional orientada al bien común.

· Enfoques, metodologías y prácticas para la alfabetización jurídica desde el ámbito universitario

Enfoques

Diversos enfoques respaldan la idea de que la universidad tiene una responsabilidad social y política en la promoción del acceso a la justicia, que justifican el despliegue de programas de alfabetización jurídica. En este tenor, es menester considerar enfoques que resulten pertinentes y adecuados para su diseño.

Concebir la educación como un derecho habilitante permite comprender cómo la alfabetización jurídica contribuye a reducir desigualdades y fortalecer la ciudadanía. Más allá de facilitar el acceso al conocimiento, la educación faculta a las personas para ejercer otros derechos, proporcionando herramientas para integrarse en ámbitos social, político y jurídico. Según Báez (2025), la educación es un derecho fundamental que garantiza la participación plena en la sociedad y el ejercicio efectivo de otros derechos. Así, la alfabetización jurídica no se limita a enseñar conceptos legales, sino que forma individuos capaces de interpretar y aplicar el derecho como vehículo para la autonomía, la defensa de garantías y la promoción de la democracia.

Por otro lado, desde la teoría crítica del derecho, especialmente en América Latina, se reconoce que el derecho no es neutral, ya que está condicionado por estructuras de poder. Sin embargo, su enseñanza sigue vinculada a modelos tradicionales ajenos a las demandas actuales, lo que impone repensar su abordaje de forma crítica para contrarrestar inequidades y desmantelar dinámicas de perpetuación del poder (Mora, 2022). La tradición crítica defiende que el derecho puede ser tanto mecanismo de dominio como herramienta de transformación, destacando que su enseñanza debe formar profesionales capaces de cuestionar injusticias y actuar para ampliar el acceso a la justicia.

Desde la perspectiva de la responsabilidad social universitaria, se subraya que las universidades poseen un deber ético de influir en su entorno, fomentando la justicia social y consolidando los lazos en las comunidades. En este marco, Córdova y Peñaloza (2025) señalan que la responsabilidad social universitaria posiciona a estas entidades como generadoras de conocimiento y promotoras de valores éticos, instándolas a adoptar un rol proactivo frente a las problemáticas sociales. En este contexto, la alfabetización jurídica toma relevancia como parte de esta misión, al proporcionar herramientas de conocimiento jurídico que sustentan iniciativas de cambio y transformación.

Por último, al considerar el principio de que la alfabetización jurídica se constituye como una herramienta de empoderamiento en conexión con procesos educativos participativos, esta visión se alinea con las ideas de Paulo Freire, citadas por Chesney (2008). Freire sostiene que la educación debe facilitar una comprensión crítica de la realidad sociocultural, haciendo visibles las dinámicas de poder y permitiendo el desarrollo de herramientas para transformar dichas estructuras. En este contexto, todas estas perspectivas comparten la convicción de que el conocimiento jurídico debe ser democratizado y puesto al servicio de la ciudadanía como medio para impulsar la transformación social.

Metodologías y prácticas

Para que la universidad asuma un papel protagónico en el acceso a la justicia a través de la alfabetización jurídica, esta debe dejar de considerarse una actividad aislada y transformarse en un eje transversal dentro de los modelos curriculares y programas educativos. Este cambio paradigmático subraya la importancia de implementar metodologías y prácticas que integren la docencia, la investigación y la extensión, incorporando la alfabetización jurídica como un componente fundamental del diseño curricular. Dicho enfoque no solo facilitará la conexión del conocimiento jurídico con el entorno, sino que también fortalecerá las competencias ciudadanas y promoverá un acceso más efectivo a la justicia. Entre las estrategias y prácticas de mayor relevancia, se destacan:

- Rediseñar los planes de estudio universitarios y reconfigurar los modelos pedagógicos y didácticos desde un enfoque centrado en derechos. Aunque la didáctica de corte positivista y la rigidez de la dogmática jurídica aún son predominantes en la academia de derecho, Báez (2022) argumenta que el fundamento debería ser la naturaleza tridimensional del derecho, que brota de la interacción constante entre la vida humana, las normas y los valores. Por lo tanto, el estudio y la enseñanza del derecho deberían abordarse desde una perspectiva compleja y dinámica, considerando tres esferas esenciales: la normativa, la fáctica y la axiológica.

Esta reorientación requiere, como señala el autor antes mencionado, la integración del desarrollo de competencias en el lenguaje y en los contenidos jurídicos universitarios, junto con la adopción de planes de estudio y asignaturas que incluyan perspectivas como derechos humanos, ética profesional, responsabilidad social y justicia social. Todo ello, destinado a alcanzar una enseñanza práctica y útil que fomente un aprendizaje activo y significativo, que realmente garantice la generación de aprendizajes y conocimientos.

- Promover la literacidad funcional jurídica como una habilidad imprescindible para interpretar, comprender y aplicar información de carácter legal y jurídico en la cotidianidad de manera eficiente. En este marco, Moreno & Sito (2024) resaltan que la alfabetización jurídica potencia la capacidad de los ciudadanos para entender el derecho y desempeñarse activamente en la resolución de problemáticas legales y sociales.

En este sentido, resulta fundamental impulsar talleres dedicados al estudio del lenguaje y el discurso jurídico; abordando no solo aspectos relacionados con la lectura y elaboración de documentos legales, sino también con el análisis de su significado y aplicación en situaciones prácticas reales. Estos contextos pueden incluir la defensa de derechos, la intervención en procesos judiciales y la adopción de decisiones fundamentadas. Esto encuentra respaldo en lo señalado por Caramillo (2021), quien sostiene que fomentar la literacidad funcional en el ámbito jurídico requiere adoptar metodologías activas que integren las competencias de lectura, escritura y argumentación en escenarios concretos y genuinos, contribuyendo a un mayor entendimiento del derecho y su uso práctico.

- Diseñar e implementar programas de aprendizaje práctico e in situ mediante la creación de clínicas jurídicas con un enfoque comunitario, consultorios universitarios, aprendizaje experiencial basado en problemas, laboratorios de innovación sociojurídica, observatorios de derechos humanos, entre otros. Estos espacios no deben considerarse únicamente como entornos destinados a la formación académica, sino también como escenarios de intervención y transformación donde, bajo la orientación de los docentes, los estudiantes asumen roles proactivos frente a casos jurídicos, ofreciendo asesoramiento legal, diseñando herramientas, supervisando el cumplimiento de los derechos e impulsando el cambio social, mientras refuerzan su propio proceso formativo en calidad de futuros juristas.

Esta visión está respaldada por investigaciones recientes, donde se afirma que estos entornos pedagógicos integradores, que combinan la docencia, la investigación y la proyección hacia la comunidad, enriquecen sustancialmente el proceso formativo. En ellos, los estudiantes tienen la oportunidad de involucrarse de manera activa, enfrentar problemas concretos y comprender de primera mano el impacto del derecho en las comunidades. Al mismo tiempo, desarrollan habilidades críticas, consolidan su ética profesional y asumen responsabilidades propias de su campo, amplificando así el alcance del aula hacia la interacción con la realidad social (Pérez, 2024; García, 2024; Gutiérrez & Rivas, 2023).

- Fortalecer líneas, programas y proyectos de investigación, así como de acción social comunitaria, centrados en la alfabetización jurídica y orientados hacia un análisis profundo de lo jurídico, resulta fundamental. Esto incluye identificar las barreras que dificultan el acceso a la justicia y desarrollar propuestas basadas en enfoques epistemológicos alternativos que superen el positivismo jurídico, siendo esta una labor clave para transformar el ámbito jurídico contemporáneo. Esta perspectiva, como expone Isea (2026), se sostiene en la idea de que el fenómeno jurídico no se limita ni se agota en las normativas escritas; por el contrario, se configura, interpreta y resignifica continuamente a través de las dinámicas sociales y del entendimiento de las experiencias vividas por los individuos en los distintos contextos y grupos sociales.

El fortalecimiento de estas líneas requiere un accionar en diversos contextos (sociales, comunitarios, educativos, carcelarios, familiares, laborales, entre otros), incorporando metodologías socio jurídicas críticas, tales como la investigación‑acción participativa, el análisis de casos desde perspectivas interseccionales, la etnografía jurídica y los estudios decoloniales del derecho. Estas metodologías permiten comprender cómo operan las relaciones de poder en la producción normativa, cómo se experimenta el derecho en la vida cotidiana y cómo emergen prácticas jurídicas alternativas desde las comunidades. En relación a esto, Gutiérrez & Rivas (2023), señalan que la investigación sociojurídica debe apoyarse en metodologías dialógicas y participativas que permitan reconstruir el sentido del derecho desde las voces de los actores sociales y no únicamente desde los textos legales.

Asimismo, el desarrollo de proyectos y programas en clave crítica exige integrar enfoques interdisciplinarios, articulando saberes provenientes de la sociología, la antropología, la psicología social, la ciencia política y los estudios culturales. Esta integración metodológica amplía la comprensión del fenómeno jurídico y permite identificar con mayor precisión las barreras estructurales que afectan el acceso a la justicia. Como afirma García (2024), la investigación jurídica contemporánea debe abrirse a marcos metodológicos que reconozcan la complejidad social del derecho y su carácter profundamente relacional, lo que implica superar visiones normativistas y promover análisis situados y contextualizados.

- Fortalecer redes y alianzas interinstitucionales que amplíen el impacto de la universidad en la defensa de los derechos y el acceso a la justicia social. Según la UNESCO-IESALC (2024), estas alianzas permiten construir sistemas de educación universitaria más inclusivos, de calidad y conectados globalmente, asegurando que nadie quede atrás. La colaboración entre universidades, organizaciones sociales, instituciones públicas y organismos internacionales genera sinergias que enriquecen la investigación, la formación y la acción comunitaria. Asimismo, promueve el intercambio de conocimientos, proyectos conjuntos y avances en equidad e inclusión, potenciando el rol de las instituciones académicas en los derechos humanos, la justicia social y el desarrollo sostenible.

En resumen, todos estos enfoques, metodologías y prácticas pueden ajustarse y ponerse en práctica para desarrollar programas de alfabetización jurídica en contextos comunitarios fortaleciendo la apropiación colectiva del conocimiento legal por parte de la ciudadanía. Este tipo de iniciativas no solo democratiza el acceso a la información jurídica, sino que también potencia la capacidad de las comunidades para comprender, ejercer y defender sus derechos. Como sostienen, Duran (2022), la alfabetización sociojurídica transforma la relación de las comunidades con el derecho, al promover prácticas de participación, empoderamiento y construcción colectiva de una cultura jurídica ciudadana. De este modo, se fortalece el vínculo entre la universidad y la justicia, pues la institución académica no se limita a analizar o reflexionar sobre ella, sino que participa de manera ética, activa y situada en su realización. Al asumir este rol, la universidad se posiciona como un agente clave en la construcción de sociedades más equitativas, inclusivas y democráticas, capaces de incidir en la transformación social desde el conocimiento y la acción comunitaria.

CONCLUSIONES

La alfabetización jurídica se presenta como una herramienta esencial, tanto para la formación integral de futuros profesionales del derecho como para el empoderamiento de las comunidades. De este modo, desempeña un rol estratégico en dos enfoques fundamentales de la educación universitaria orientada al ámbito legal, trascendiendo su carácter meramente académico y convirtiéndose en un compromiso ético con las necesidades sociales.

En lo referente a la formación de estudiantes de derecho, adquirir una sólida alfabetización jurídica resulta esencial para formar profesionales con una perspectiva crítica, plenamente preparados para enfrentar los desafíos del ejercicio real del derecho y con una conducta guiada por valores éticos sólidos. Por otro lado, desde la perspectiva del empoderamiento social, el aprendizaje de cuestiones legales se convierte en una herramienta clave para fomentar una participación activa en asuntos públicos y garantizar la defensa de los derechos individuales y colectivos.

Así, la alfabetización jurídica no solo es indispensable para la formación de futuros abogados, sino también como un vehículo de transformación social para las comunidades. Ambas dimensiones están profundamente interconectadas, potenciándose mutuamente en la construcción de sociedades más justas e igualitarias, desde la conciencia cívica y el compromiso participativo de la ciudadanía.

Para promover una alfabetización jurídica que trascienda lo técnico y facilite la transformación social, es fundamental que la universidad adopte un modelo de responsabilidad social ética. Este enfoque debe ser dialógico y transformador, utilizando el Derecho como una herramienta de emancipación. La integración de la docencia, la investigación y la extensión académica, junto con prácticas participativas y metodologías innovadoras, es esencial. Asimismo, se requieren reformas en los planes de estudio, el fortalecimiento de la literacidad funcional jurídica, un mayor énfasis en la investigación sociojurídica y un aprendizaje práctico que combine formación e intervención.

En síntesis, una alfabetización jurídica ética y universitaria puede transformar la disciplina del Derecho en un vehículo de empoderamiento y libertad ciudadana, superando su carácter históricamente excluyente.

FINANCIAMIENTO

No monetario.

AGRADECIMIENTO

A todos los autores de los estudios citados y a quienes contribuyeron con la realización de esta investigación.

REFERENCIAS CONSULTADAS

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Josía Jeseff Isea-Arguelles

Universidad Autónoma Regional de los Andes, Ibarra, Imbabura

Ecuador

Luis Andrés Crespo-Berti